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Crisis Migratoria en Tapachula

Julio López, cs[1]

 

El Secretario de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana,

ofrece en este comunicado, por demás, directo, enérgico y muy valiente

un reclamo y acciones humanitarias inmediatas a la sociedad mexicana

ante corruptelas intolerables hoy y siempre.

 

Tapachula, 1º de septiembre del 2021

 

La diócesis de Tapachula, Chiapas, y los misioneros de San Carlos (Scalabrinianos), en conjunto con la dimensión episcopal de la pastoral de movilidad humana de la cem y de la diócesis de Tapachula, hemos iniciado una misión con personas migrantes para brindar una atención que, si bien es en favor de todas ellas, tendrá una particular atención a las de origen haitiano. Agradecemos a Monseñor Jaime Calderón Calderón su disponibilidad para la realización de este trabajo conjunto que nos permitirá como Iglesia brindar un acompañamiento pastoral a la población haitiana. Para esto, La congregación de los misioneros Scalabrinianos ha puesto a disposición dos religiosos, uno de ellos un sacerdote haitiano. Esto permitirá, a partir del domingo 5 de septiembre, la celebración de la Santa Misa en créole, que también tendrá lugar tres veces por semana en la parroquia de San Agustín de esta ciudad.

En el proceso de instalación de esta misión, hemos mantenido distintas reuniones con autoridades como el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Dr. Francisco Garduño. Igualmente hemos buscado la vinculación con la Embajada de la República de Haití ante el gobierno mexicano. En palabras del Señor Embajador, la presencia de un sacerdote haitiano en Tapachula se convierte para ellos en providencial, por lo que a falta de personal consular, el R.P. Henri-Claude Testamar, misionero Scalabriniano, sin ser funcionario público del gobierno haitiano, será punto de referencia tanto para la Embajada como para la población migrante en Tapachula, decisión que también organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (comar) y la pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Tapachula ven como una oportunidad para poder tener una relación más directa con la Embajada.

Durante nuestra visita a Tapachula hemos podido constatar que en verdad estamos ante una crisis migratoria de gran magnitud que pone en situaciones muy difíciles tanto a la población migrante como a la población local. Hemos constatado que la Iglesia local de Tapachula, su Obispo y presbiterio, están profundamente comprometidos en la atención a la población migrante; su organización e intervención de emergencia son ejemplo de unidad, de compromiso evangélico y de caridad humanitaria. Los equipos de intervención en riesgos han ayudado mucho a estar preparados y a intervenir en estas emergencias. Los comedores parroquiales son un alivio para muchas personas migrantes; sin embargo, a pesar del esfuerzo de la Iglesia, esto no es suficiente porque la situación de los migrantes rebasa las capacidades y posibilidades. Estamos ante una situación que, más allá de comedores y dispensarios médicos, requiere de una política migratoria justa y humana que proteja y defienda los derechos de las personas migrantes.

Hemos visto el trabajo estructurado de acnur que, si bien su población de interés es la de los solicitantes de refugio y de protección internacional, está siendo rebasada por el número de migrantes. El 80% del personal que trabaja en comar es pagado por acnur, ante la carencia de recursos del gobierno federal que fortalezca la capacidad de la comar y le permita mayor eficiencia; sin embargo, aun así, la comar se siente rebasada porque no logra atender las más de 71 mil solicitudes que llevan registradas en lo que va de este año, con lo cual el plazo de 45 días que deberían tardar los trámites de refugio se convierten en 6 o 9 meses, y en muchos casos hasta más tiempo.

Urge un desahogo de la frontera sur en términos de migración y la aceptación por parte del gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Migración, que permita el traslado de personas solicitantes de refugio hacia el centro del país, e incluso de personas que ya tienen el reconocimiento de su condición de refugio. Nos preocupa haber sabido por organizaciones como acnur y la misma comar que ya se han hecho intentos de traslados de personas reconocidas como refugiadas para ser insertadas laboralmente en otros lugares de la República; sin embargo, el Instituto Nacional de Migración les ha impedido el paso deteniéndolas y regresándolas de nuevo a la frontera. Tenemos conocimiento de que las autoridades migratorias tiene orden de cerrar el paso a todo migrante, incluso de quienes ya tienen una legal estancia, por lo que si alguien intenta salir de Tapachula serán detenidos, les serán decomisados sus documentos y finalmente serán deportados.

En dialogo con personas migrantes hemos constatado que hay carencia de lugares donde puedan vivir, con un consecuente encarecimiento del costo de la vida, del alquiler de vivienda y de todos los servicios. Hemos visto a muchos migrantes que pasan la noche durmiendo en las calles, porque además de que no hay suficientes lugares y del encarecimiento de la renta, los pocos recursos que logran conseguir no les son suficientes para pagar una renta. A algunos les preocupa que los recursos que tienen, si les alcanzan para comer y sobre todo alimentar a sus hijos, no les alcanza para pagar un alquiler.

acnur brinda apoyos a las personas solicitantes de refugio; sin embargo, hay personas que ya llevan días en Tapachula y les han concedido en la comar una cita para finales de diciembre, para iniciar su solicitud de refugio y obtener la constancia y de ahí poder buscar el apoyo de acnur. De aquí podemos ver que, previo al tiempo de espera de la resolución de su condición de refugio, que puede tardar de entre 6 y 9 meses o más, se deben sumar hasta tres meses o más para poder emprender su trámite mediante la solicitud de refugio.

Las fuentes de empleo en Tapachula siempre han sido escasas, tanto así que muchos chiapanecos deciden también emigrar. Con un crecimiento de un 30% de la población a causa de la retención de migrantes en Tapachula, las fuentes de empleo no sólo no han aumentado, sino que además el costo de vida se ha disparado.

El nivel de desesperación de la población migrante, que no ve una salida a su situación, es muy alto. Esta situación ha motivado a algunos a emprender caravanas, enfrentándose a la represión, a los abusos de autoridad de los funcionarios de migración y de la Guardia Nacional, que da la impresión de ser, a lo largo de todo el territorio nacional, la estructura policiaca del Instituto Nacional de Migración. Otros recurren al crimen organizado, a los traficantes de migrantes, a autoridades corruptas que trafican con migrantes y/o venden documentos migratorios, sin olvidar que también han proliferado los falsificadores de documentos que cobran grandes sumas de dinero. Todo esto, sin duda, sólo contribuye a beneficiar a los corruptos y a los traficantes de migrantes, al mismo tiempo que, lejos de protegerlos, los obliga a exponerse a mayores riegos y aumentan su grado de vulnerabilidad.

Vemos con dolor los hechos violentos de las autoridades migratorias y de la Guardia Nacional en contra de las personas migrantes; en modo particular en contra de aquellos que decidieron emprender el camino para salir de esta situación de contención. Rechazamos el uso de la fuerza y todo tipo de violación de los derechos humanos de las personas migrantes e insistimos en nuevas vías de regularización y en la garantía del derecho al libre tránsito como únicas medidas para solucionar la grave crisis humanitaria que vive la frontera sur y en modo particular Tapachula.

Hemos sido informados que los residentes guatemaltecos, para obtener su tarjeta de visitante regional (vtr) que les permite visitar y transitar en un periodo no mayor a siete días en territorio de los estados fronterizos, deben hacer citas que tardan hasta tres meses o más; sin embargo, funcionarios del Instituto Nacional de Migración, por 800 o mil quetzales (2,200 a 2,500 pesos mexicanos) les adelantan su cita. Al parecer ésta es una práctica común, por lo que dar citas muy distantes les permite incrementar el negocio, pues los solicitantes a veces prefieren pagar y no tener que esperar tantos meses. Los agentes de pastoral experimentamos la frustración al no encontrar tampoco alternativas ante un gobierno aferrado a su política de contención, que se ha convertido en el muro de la frontera estadounidense.

Al buscar un lugar de residencia para los misioneros Scalabrinianos que apoyan en la Diócesis de Tapachula, nos enfrentamos a situaciones discriminatorias, pues no fue fácil encontrar lugar, porque no quieren inquilinos extranjeros, y aún menos si se trata de un haitiano. Ésta es una señal de cómo las actitudes discriminatorias van abriéndose camino entre la población, y el único responsable de crear las condiciones para que se genere este tipo de conductas es el gobierno federal con su política de “contención migratoria”.

Estamos ante una crisis migratoria de gran magnitud que, si bien no es nacional, al menos localmente es una situación nunca antes vista en Tapachula, y que, de seguir así, se puede desbordar y salir de las manos incluso de las autoridades. Falta mucha ayuda básica; sin embargo, sabemos que esto no resolverá la situación: falta comida, faltan pañales, falta leche, falta vivienda, faltan medicamentos... esto lo dice los migrantes, lo revela también el padre César, pero, aun así, con suficiente alimento, leche, pañales, medicamentos, etc., esta situación no tiene solución más que una de tipo político, la cual depende del gobierno. Una solución política resolvería en cierta medida todo lo demás. Muchas organizaciones no gubernamentales hacen presencia sólo como observadoras, pero sin un compromiso concreto; sólo son espectadores que en muchos casos lucran con la información, con los datos, obtienen recursos para sus empleos como observadores, pero sin ningún beneficio directo a la población migrante.

Ante esta situación, no vemos ninguna salida mientras el gobierno este aferrado a impedir el libre tránsito (art. 11 Constitucional) de cualquier migrante, pese a que haya obtenido el reconocimiento de refugio o se facilite alguna otra opción de regularización migratoria, pues la única opción que se tiene en el momento es la solicitud de refugio. La creación de un mecanismo de regularización temporal incluso para estas personas contribuiría a dar una solución a este caos, del cual el único responsable es el gobierno federal.



[1] Secretario de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana.



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