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La paz que no fue

 

Juan González Morfín1

 

Al cumplirse 90 años de la entrada en vigor de la Ley Calles, ordenamiento que dio pie a la suspensión del culto público en México, se analiza en esta colaboración la encrucijada que dio pie a la resistencia activa de muchos católicos mexicanos entre los años de 1927 a 29

 

En distintos pasajes de la obra de Jean Meyer se alcanza a descubrir una especie de nostalgia por una paz que pudo ser y no fue, y uso a propósito el término “nostalgia” por lo que significa en su sentido etimológico: “dolor por el recuerdo”; en este caso, por recordar tantos hechos que apuntaban a la paz, y que ésta no se haya dado.2

            Además de esos diversos pasajes de Meyer, me viene a la memoria una entrevista concedida al conductor Enrique Rodríguez, del Canal Judicial, y la relación de una asesoría que concedió a un doctorando argentino, Javier Olivera Ravasi (y que éste me contó a los pocos días), donde también subyace esta “nostalgia”. Más recientemente, en distintas conversaciones que he tenido con el doctor Meyer, ha salido este tema de la paz que no fue, como he querido llamar a mi exposición.

            En los albores del conflicto podemos situar dos hechos claves que pudieron haber cambiado el curso de la historia. Estos dos acontecimientos son la decisión del episcopado de suspender el culto público al considerar que, si obedecía la “ley Calles”, era tanto como supeditar la independencia de la Iglesia a los arbitrios del Estado, y el otro hecho es la entrevista del 21 de agosto de 1926 entre el general Calles y dos prelados. 

            La ruta elegida por el Comité episcopal como medida de presión para que el laicado protestara hasta conseguir la derogación de la ley Calles, esto es, la suspensión del culto público, abrió un espiral de confrontación que quizá no fue lo que algunos prelados pretendían y que, por otra parte, era plenamente rechazado por otros.3 A esto se sumó la actitud represiva, cuando no de verdadera agresión, de parte del gobierno.4 Aun con todo esto, los meses de julio y agosto de 1926 fueron momentos críticos en los que se podía haber frenado el conflicto y se debe decir que al menos algunos de los actores buscaron hacerlo.

 

1. La ciencia de “ganar perdiendo” tres años antes

 

El secretario del comité episcopal buscó un encuentro con el presidente Calles apenas cinco días después de que se había anunciado la suspensión de culto. En carta a un amigo común, el abogado Eduardo Mestre, el obispo Pascual Díaz solicitaba una audiencia con el fin de “acercarse al Primer Magistrado para manifestarle que nunca ha sido nuestra intención obstruccionar en forma alguna la buena marcha de la cosa pública”.5

            En el tono más condescendiente posible, le planteaba:

 

Queremos convencer al Sr. Presidente de que el Episcopado es respetuoso con el Poder Público. Y si fuera tan amable de recibir una comisión de Obispos, que escogiera él a su agrado, tendríamos verdadera satisfacción en tratar el asunto con toda amplitud de criterio. Estamos seguros de que esta cuestión, tratada directamente con el Sr. Presidente y con sincera imparcialidad por ambas partes, podría ser fácilmente solucionada.

 

La entrevista hubo de esperar tres semanas, durante las cuales se agravó la situación por la entrada en vigor de la nueva ley y el modo en que se implementó en algunos lugares, donde los católicos se oponían a entregar los templos a las juntas de vecinos designadas por el gobierno. Mientras tanto, el lunes 16 de agosto el episcopado envió una carta al general Calles solicitándole que, mientras la cámara de diputados no resolviera sobre las reformas a la Constitución solicitadas por los católicos, los efectos de la ley última, que estaba causando tanto revuelo, quedaran suspendidos. El miércoles y jueves siguientes la prensa  dio a conocer esa posibilidad y muchas asociaciones expresaron su beneplácito de que se llegara a una solución de ese tipo.

            La carta del episcopado no hizo mella en el ánimo de Calles, quien hizo que se publicara en las primeras planas de los principales diarios una extensa respuesta a los obispos en la que descartaba ser él quien promoviera el cese de los efectos de la ley en cuestión y los remitía a la Cámara de diputados. Sin embargo, algunos observadores apreciaron como un gesto de buena voluntad algunas palabras del presidente.6

            Estas palabras que mencionaban una posible reforma de las leyes promovida por los diputados hicieron que algunos católicos más bien partidarios del camino de la confrontación que de un entendimiento con el gobierno se movieran para evitar que se buscara alguna salida negociada. Un ejemplo de esto lo tenemos en una carta del jesuita Joaquín Cardoso al obispo Pascual Díaz, también jesuita, en la que intentaba convencerlo de frenar un acercamiento con el gobierno:

 

Durante todo el actual conflicto no he tenido miedo más que en dos ocasiones, cuando no se decidían los Obispos a una acción común, y ahora en que se les tiende un lazo formidable con la carta del Presidente Calles. El tono conciliador de ésta, los arbitrios que propone, las influencias de los eternos cobardes que no dejarán de aprovechar esta circunstancia para una carga cerrada, todo me tiene con el alma en un hilo, porque eso puede echar al traste en un momento de debilidad todo lo alcanzado.

Si SS.SS.II. acceden a lo indicado por Calles, y siguen el ejemplo dado en tan mala hora por el I. de Michoacán, solo Dios sabe hasta dónde vamos a parar.7

 

Al final de tres páginas mecanografiadas, Cardoso añadía de su puño y letra:

 

Fíjese V.S.I. que ya el Presidente comenzó a ceder. El boycot y la suspensión de cultos han hecho efecto. Adelante por ese mismo camino.

Además, hoy he sabido que para que las Cámaras puedan reformar la Constitución es necesario primero el voto aprobativo de las Cámaras de los Estados, lo que tardaría unos ¡4 años!8

 

Aun con esas presiones, los prelados de Tabasco y Michoacán continuaron con su objetivo de entrevistarse directamente con el presidente quien, a instancias de Eduardo Mestre,9 los recibió en el Castillo de Chapultepec el sábado 21 de agosto.

 

 

2. Una oportunidad perdida: la entrevista con Calles

 

La entrevista transcurrió en un tono menos que cordial, con reclamos y acusaciones insistentes de parte del general Calles y una actitud de réplica y contraataque por parte de los obispos que ciertamente no ayudaba a que se llegara a entendimiento alguno.10

            Después de no haber podido convencer al presidente de suspender los efectos de la ley, el obispo Pascual Díaz le hizo una propuesta que se podría considerar todavía más sencilla de aplicar: la jerarquía estaba dispuesta a acatar la ley siempre y cuando el presidente Calles hiciera una “declaración pública diciendo que el registro de los sacerdotes obedece única y exclusivamente a cuestiones de estadística”.11 Con eso se lograría apaciguar los ánimos de tantos que consideraban que por medio de la Ley Calles lo que se pretendía era someter la Iglesia a los designios del Estado.

            El general Calles desdeñó en un primer momento ese ofrecimiento; es más, aclaró que además de los fines puramente de estadística, el registro de sacerdotes obedecía a “que el Gobierno, genuino y legítimo representante del pueblo, necesita saber quiénes son los administradores de sus bienes, toda vez que los templos son de la propiedad de la Nación”.12 Lo que tampoco añadía un escollo más que fuera insuperable.

            El señor Mestre, quien no había estado presente en la entrevista, conferenció unos minutos con los prelados y después los llevó él mismo a su domicilio. Regresó como a las dos de la tarde para comunicarles que Calles deseaba reserva sobre todo lo que con él habían tratado esa mañana. Más tarde volvió otras dos veces para negociar el texto de unas declaraciones conjuntas en el sentido que le había sido propuesto al presidente. Esto con el fin de que el lunes aparecieran en la prensa y quedara solucionado el conflicto.13

            Entre la noche del sábado y el domingo siguiente, Pascual Díaz redactó un borrador de informe a la Santa Sede sobre lo acontecido en la entrevista y los pasos a seguir. El tono de la relación era incluso optimista y, en algún párrafo, llegaba a afirmar: “la entrevista con el Señor Presidente fue en verdad satisfactoria”. Y, en el último párrafo, daba prácticamente por zanjada una cuestión tan escabrosa:

 

El Señor Presidente nos expresó lo que ya había declarado por medio de la Prensa que el registro pedido a los Sacerdotes encargados de los templos no tenía más miras que las meramente administrativas, sin que el Gobierno pretenda con ello inmiscuirse en las cuestiones del dogma o de la religión. Y con tal declaración, expresamos que una vez llenados los trámites que conforme a las prescripciones de la Iglesia debemos cumplir, no habrá inconveniente en reanudar el culto divino en los templos, mientras se llega al fin último de recobrar la libertad que creemos perjudicada por varios preceptos legales.14

 

            El domingo 22 la prensa aventuraba que habría un pronto entendimiento, lo que avisó a los adversarios de cualquier arreglo con el gobierno. Así, ese mismo día el obispo de Guadalajara, quien formaba parte del comité episcopal, recibía un Memorial razonado, firmado por dos conocidos jesuitas que trabajaban en esa ciudad, los padres Leobardo Fernández y Toribio Bracho,15 quienes le pedían no cejar hasta la completa liberación de la Iglesia y, sobre el punto tratado por la prensa en torno a un posible acuerdo con Calles, argumentaban:

 

Aun cuando fuera verdadera la interpretación del Señor Presidente y sincera su promesa y aun supuesta la licitud de dicha inscripción [sólo para fines estadísticos], en ese caso sería gravísimo escándalo para el pueblo, que no podría menos de interpretarlo como aceptación de la ley y humillación de la Iglesia ante sus enemigos. Y no se aceptarían explicaciones ni distingos que el pueblo no entiende.16

 

            Sin embargo, las declaraciones del presidente el lunes siguiente a la entrevista fueron en un sentido inverso a lo acordado, pues afirmó “que al reanudarse el culto los sacerdotes tendrían que someterse a la ley”. Lo cual llevó a que el episcopado primero guardara silencio y, luego, hiciera declaraciones por medio de Pascual Díaz afirmando que “los cultos no se reanudarán porque no sólo se trata de ver la manera de dar aviso por los sacerdotes sin menoscabo de los derechos de la Iglesia, sino de ver cómo puede conseguirse la derogación de todos los preceptos legales que hieren la libertad de conciencia”.17 Por lo tanto, la situación continuaba como antes.

            Es un hecho que se había puesto un pie, si bien momentáneamente, sobre el carril adecuado para conseguir una salida rápida y práctica para el conflicto. Pero estas últimas declaraciones del secretario del comité episcopal, aunadas a las de Calles, cortaban de raíz la posibilidad de seguir transitando por esa vía. ¿Qué había ocurrido en tan poco tiempo? Del ánimo del presidente es más difícil hacer cábalas; pero en el terreno eclesiástico se puede conjeturar que los partidarios del “todo o nada” nuevamente habían movido todas sus influencias para doblegar a los que pensaban que se podía salvar la situación guardando algunas apariencias en beneficio del bien que la práctica del culto público aportaba a los fieles. Y esto no sólo dentro del episcopado, sino incluso también en Roma. Así se desprende de tres telegramas intercambiados el 24 de agosto entre el cardenal Gasparri y el arzobispo Mora y del Río.

            El primero de ellos era un fuerte reclamo por haber alterado la situación existente sin autorización del Vaticano: “Los periódicos anuncian que hay arreglos no conformes con las instrucciones dadas por la Santa Sede. Esperamos informes; entre tanto, no os apartéis de las determinaciones que el episcopado desde el principio tomó con tanta firmeza, elogiada por el mundo entero. Responder al punto y sin dilación telegráficamente”.18

            La respuesta de Mora, ese mismo día, no daba datos de lo que había pasado, ni mencionaba siquiera la entrevista con el presidente, sino que de una manera artificiosa se limitaba a informar lo que en ese momento prevalecía: “Las noticias de los periódicos absolutamente falsas. De ninguna manera nos apartaremos, con el favor de Dios, de las instrucciones dadas por la Santa Sede. Firmísimo es el sentir de los obispos todos. Absoluta su obediencia y filial el amor con que imploran del Santo Padre su Bendición Apostólica”.19 En el tercer telegrama, mucho más escueto, Gasparri se limitaba a agradecer la información. El 26 de agosto, en nuevas declaraciones, el episcopado reiteraba que los sacerdotes y los católicos no modificarían su actitud y que tal vez pasaría mucho tiempo antes de que se lograra el objetivo de que se dieran garantías constitucionales a la libertad religiosa. Se mencionaba también que se preparaba un memorial para presentarlo a la Cámara de diputados.20 Casi tres años después, en junio de 1929, se alcanzaría un acuerdo entre la Iglesia, representada por los mismos prelados de la entrevista con Calles, y el presidente Emilio Portes Gil, prácticamente en los mismos términos en que se había intentado pactar en agosto de 1926.

            A lo largo de los casi tres años de pugna que duró la Cristiada, existen otros momentos en los que se vislumbró la cercanía de la paz solamente para, después de nuevas intervenciones de grupos intransigentes, volver a observar cómo se alejaba.21

 



1 Licenciado en Letras Clásicas por la UNAM y doctor en Teología por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Presbítero desde el año 2004. Ha publicado algunos estudios sobre el conflicto religioso en México: La guerra cristera y su licitud moral (Roma 2004, México 2009), El conflicto religioso en México y Pío xi (México 2009), Sacerdotes y mártires (México 2011).

2 Cfr. Jean Meyer, La cristiada, t. 2, México, Siglo xxi, 1973, p. 295, y t. 3, pp. 6-7.

3 Era mayor el número de los prelados que preferían no optar por la suspensión del culto; sin embargo, una hábil maniobra de los partidarios de la intransigencia consiguió que se presentara esta opción como si fuera unánime el parecer del episcopado (cfr. Paolo Valvo, “Una turlupinatura stile messicano. La Santa Sede e la sospensione del culto pubblico in Messico [luglio 1926]”, en Quaderni di storia 78, julio-diciembre de 2013, pp. 195-227).

4 Sobre esto, considérese por ejemplo el fusilamiento del padre Luis Batis y tres sindicalistas católicos, sin formación de causa y sin pretexto de ningún tipo, en Chalchihuites, Zacatecas.

5 Pascual Díaz Barreto, Carta a Eduardo Mestre, 30- vii -1926, en Archivo Plutarco Elías Calles (APEC), expediente 137, inventario 364, legajo 1/5, f. 24.

6 La carta se puede leer en El Informador, 20- viii -1926, pp. 1 y 2.

7 Joaquín Cardoso, Carta a Pascual Díaz Barreto, 20-viii-1926, en AHAM, fondo episcopal José Mora y del Río (1926), caja 147, expediente 5.

8 Id.

9 Eduardo Mestre era en ese momento presidente de la Beneficencia Pública y pariente del general Calles.

10 Se puede leer una transcripción de la entrevista completa en APEC, expediente 137, fascículo 2/5, inventario 364, documento 6, ff. 74-102.

11 Ib., f. 91.

12 Ib., f. 92.

13 Aurelio Acevedo (ed.), David, T. vii, México, Estudios y Publicaciones Económicas y Sociales, 2000 (edición facsimilar), p. 243.

14 Pascual Díaz Barreto, Informe de la entrevista entre el episcopado y el presidente Calles, 22-viii-1926, en AHAM, fondo episcopal José Mora y del Río (1926), caja 28, expediente 58.

15 Según Gutiérrez Casillas, Leobardo Fernández fue director del colegio de los jesuitas en Guadalajara entre 1925 y 1930, y Toribio Bracho superior desde agosto de 1925 de la residencia del templo de San Felipe o de la Asunción en Guadalajara (José Gutiérrez Casillas, Jesuitas en México durante el siglo xx, México, Porrúa, 1981, pp. 180 y 183).

16 Leobardo Fernández y Toribio Bracho, Memorial razonado al arzobispo Francisco Orozco y Jiménez, 22- viii -1926, en AHAM, fondo episcopal José Mora y del Río, caja 148, expediente 107.

17 El Informador, 24- viii -1926, p. 1.

18 Pietro Gasparri, Telegrama a José Mora y del Río, 24-viii-1926, en AHAM, fondo episcopal José Mora y del Río (1926), caja 148, expediente 45.

19 José Mora y del Río, Telegrama a Pietro Gasparri, 24- viii -1926, en AHAM, fondo episcopal José Mora y del Río (1926), caja 148, expediente 45.

20 El Informador, 27- viii -1926, p. 1.

21 Cfr. Juan González Morfín, “La guerra o la paz: dos soluciones para un mismo problema. Apostolado epistolar de Antonio Correa a favor de la paz: 1926-1929”, en Boletín eclesiástico ix (2015/8), pp. 53-70.



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