Elección judicial

Del Observatorio de la CEM[1]

En su editorial del 22 de marzo, la revista semanal de la Arquidiócesis Primada de México, Desde la Fe, se refirió al ya próximo 1º de junio que traerá consigo la elección de múltiples categorías judiciales, desde las federales (asientos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el novedoso y polémico Tribunal de Disciplina Judicial, en las Salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral, así como 464 magistraturas en Tribunales de Circuito y 386 titularidades de Juzgados de Distrito), hasta las locales en poco más de la mitad de los Estados de la Unión (Magistraturas en los Tribunales Superiores de Justicia y sitiales en los Juzgados de primera instancia).

Las elecciones cobran tal importancia que la revista llama a conocer las candidaturas, entender cuál es la competencia de cada órgano a ser electo y comprender que tanto los recursos como los tiempos para las campañas se hallan sumamente limitados.

Dado que las nueve personas que serán electas para la Suprema Corte tendrán facultades para declarar inválidas leyes y decretos del Congreso y del Ejecutivo que violen derechos humanos, para Desde la fe resulta especialmente importante que el electorado conozca la trayectoria y la forma de pensar de las 84 candidaturas que han sido seleccionadas para integrarse a la boleta correspondiente.

Antes de que iniciaran formalmente las campañas, el semanario pretendió ofrecer, a quienes han recibido la postulación para el alto tribunal, la oportunidad de enviar un video en el que, en minuto y medio, “hablaran a los ciudadanos sobre su trayectoria, propuesta o visión de la justicia y de los derechos humanos, comenzando por el elemental derecho a la vida”. Este ejercicio buscaba hacer visibles las posturas de los jueces sin promoción o proselitismo de ninguno. Sin embargo, el INE estableció que no había posibilidad alguna para cualquier institución pública o asociación religiosa de promover el voto para la elección judicial o exponer las candidaturas a los distintos puestos.

En esta elección compleja e inédita no existirán intervenciones de candidatos promoviendo sus propuestas; tampoco intervenciones del gobierno o cualquier instancia pública. (Los) tiempos serán utilizados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar promocionales genéricos enfocados en explicar el nuevo modelo de boletas e invitar a ciudadanos a participar y conocer perfiles públicos de aspirantes”[2]. Sin duda, esta resolución ha suscitado muchos cuestionamientos sobre nuestra libertad de expresión que tendrán que ser discutidos en las próximas semanas.

Ahora bien, la pertinencia de elegir a quienes han de juzgarnos por la vía del voto popular dista de ser cuestión pacífica.

Juana Fuentes, la jueza de distrito que dirige la Asociación Nacional que reúne a titulares de Tribunales y Juzgados federales (JUFED) manifestó en Ginebra, Suiza, ante el Instituto de Responsabilidad Social y Derechos Humanos y en el marco del 58º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que el proceso electoral parece, crecientemente, “fuera del control” del INE y que “votar en la elección judicial del 1º de junio significará consolidar un régimen autoritario” puesto que desaparecerá, previa purga de juzgadores independientes, el único contrapeso capaz de equilibrar a Ejecutivo y Legislativo, por lo que solicitó a la comunidad internacional que “exija al gobierno de México que suspenda el proceso electoral y cese de inmediato la persecución de jueces y magistrados”[3].

Entre tanto, organizaciones y observatorios independientes continúan manifestando su preocupación por la presencia, en las boletas, de perfiles cercanos al Oficialismo que ofrecen muy pocas garantías para la defensa de la independencia judiciaria.

A todo ello hay que sumar las exorbitantes potestades que la reforma confirió al Órgano de Administración Judicial (cuyos integrantes son designados no electoralmente, sino por los tres Poderes de la Unión) y al ya mencionado Tribunal de Disciplina Judicial, para comprender que la República se encuentra en una encrucijada llena de dilemas de complicada solución.

Teuchitlán: más sobre el horror

En el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, resulta indispensable evitar caer en nominalismos que no llevan a ningún lado. La pugna por nombrar o no “exterminio” al horror continuado que se vivió en la finca resulta estéril si reparamos en que los homicidios, privaciones ilegales de la libertad y desapariciones forzadas deben investigarse de oficio, constituyan o no actos sistemáticos tendentes al exterminio de personas, y en que las prácticas ilegales de Teuchitlán se replican en varios otros lugares del país, según numerosas investigaciones periodísticas, constituyendo una suerte de muy preocupante modus operandi, como en su momento denunció Karla Quintana antes de renunciar al cargo de titular de la Comisión Nacional de Búsqueda en la administración federal pasada.

A juzgar por la desaparición de la evidencia que en un primer momento fue exhibida a los colectivos de familias buscadoras, debería preocuparnos también la cadena de custodia. Las Fiscalías y policías involucradas no parecen haber tenido el debido control sobre las pruebas, dejando lugar a mucha suspicacia. Tal como subrayó hace unos días José Ramón Cossío “los traslados de las culpas desvanecieron a los responsables. La higienización del campo de desapariciones hizo lo propio con las evidencias… Teuchitlán se irá disolviendo en una cadena de acusaciones recíprocas e ineficiencias jurídicas”[4].

Ojalá que no. La Fiscalía General de la República atrajo la investigación hace unos días, por lo que en adelante el caso deberá considerarse responsabilidad de la Federación. La pregunta es si la planta vigente del Ministerio Público será suficiente para enfrentar el reto o si se requerirán mecanismos propios de una Justicia transicional y extraordinaria, más acorde con el momento de inseguridad que vive el país, más solidaria con colectivos como el de las Familias Buscadoras de Jalisco y menos preocupada por dilucidar si en el objeto social del Campo Izaguirre se incluía o no la atribución de exterminar a reclutas insumisos.

Por lo pronto, cerramos esta reflexión pensando en lo expresado constructivamente por la Compañía de Jesús en México: “la búsqueda de las personas desaparecidas es un acto de humanidad que debe ser acompañado y no descalificado. Por ello, hacemos un llamado a las autoridades y a la sociedad en general a construir caminos de escucha, respeto y solidaridad con quienes sostienen la memoria y luchan por la Justicia”.

Norteamérica

A la expulsión masiva de migrantes y a la relocalización de presuntos criminales extranjeros en cárceles de El Salvador hay que agregar ahora los amagos de la administración Trump por iniciar juicios políticos contra los jueces que suspendan sus órdenes ejecutivas. De momento, la Suprema Corte de los Estados Unidos ha resistido y se ha puesto, en boca de su presidente el Justice Roberts, del lado de la defensa de los juzgadores y de su independencia.

Todo puede, sin embargo, cambiar en cuestión de horas. La crisis de los aranceles, gestionada con tino por México, según refleja la aprobación en las encuestas de la que goza la presidenta Sheinbaum, ha vuelto a tomar vuelo con motivo de la imposición unilateral de tarifas a las autopartes extranjeras y a los autos que no sean ensamblados en la Unión Americana.

Y en este 2 de abril vence el enésimo plazo mensual con que Trump amenaza recurrentemente.

La crisis puede llevar a una severa recesión en América del Norte, con sus repercusiones migratorias y económicas, pero también geopolíticas: Trump revive cotidianamente el añejo anhelo, tan viejo como la Independencia en 1776, de anexar Canadá a los Estados Unidos, así sea por la vía taftiana de los tratados de reciprocidad comercial y, como en Groenlandia, despierta los movimientos de resistencia y orgullo nacional e, incluso, la posibilidad de una alianza entre mexicanos y canadienses para afrontar los abusos arancelarios y la violación al Tratado de Libre Comercio[5].

Vida parlamentaria

A la reforma constitucional que prohíbe, en medio de engolada retórica, la siembra y cosecha del maíz procesado transgénicamente, es muy posible que se agregue pronto la prohibición del nepotismo para “heredar” cargos legislativos a partir del año 2030, así como la poco mencionada eliminación de la reelección consecutiva de legisladores, enmienda que sin duda robustecerá al Ejecutivo a expensas del Congreso tal como ocurrió en 1933 y tan sólo se había logrado superar hace unos pocos años, ya en este siglo XXI.

Por otro lado, cuando parecía que en la Cámara de Diputados 251 legisladoras de todos los partidos unirían sus votos para declarar la procedencia del enjuiciamiento penal contra el diputado Cuauhtémoc Blanco, ex gobernador de Morelos acusado de violación en grado de tentativa, un acuerdo de último momento propició que numerosas diputadas de MORENA, PVEM e, incluso, del PRI, no sólo impidieran el desafuero sino que defendieran en tribuna a Blanco al grito de “No estás solo”, y le cedieran los micrófonos para que enderezara su propia exculpación. Todo ello el 25 de marzo, en pleno día de combate a la violencia contra la mujer.

En otros temas, conviene estar atentos al hecho de que la Comisión de Derechos Humanos de la propia Cámara baja aprobó el dictamen por el que, de contar con la aprobación del Pleno, se exhortará al Poder Legislativo, al Ejecutivo y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes a garantizar el acceso al aborto dentro de las primeras doce semanas de gestación. La comisión legislativa busca eliminar el plazo legal de seis semanas legislado recientemente por el Congreso hidrocálido, por supuestamente contravenir el plazo impuesto por la Suprema Corte en sus recientes resoluciones[6].

En realidad, además de que la sentencia de la Corte nunca impone las doce semanas, sino que las considera un plazo referencial que puede guiar, pero no compelir, a la libertad configurativa de la legislación de cada Estado, un exhorto como el planteado implicaría una clara invasión de potestades y competencias perpetrada, otra vez, desde el centro hacia las entidades federativas, sin dejar sitio a las Legislaturas estatales para ponderar una realidad tan significativa como es la protección de la persona humana en situación intrauterina.

Para este y otros temas resulta fundamental el magisterio y la guía del Santo Padre Francisco, por lo que nos congratulamos por la recuperación de su salud tras varias semanas de hospitalización, en este año de Jubileo.

3 de abril de 2025, no. 137.

Directorio

Mons. Héctor Mario Pérez Villarreal

Secretario General de la Conferencia Episcopal Mexicana

Dr. Rafael Estrada Michel

Director editorial responsable

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