Toma de posesión de Donald Trump: implicaciones para México

Del Observatorio de la CEM[1]

Contrarreforma migratoria

Tras el discurso de toma de posesión de Trump el 20 de enero, y la inmediata expedición de doscientas órdenes ejecutivas, se presente o no la situación adversa a México en su faceta más delicada, la de la intervención militar, parece evidente que, como ha señalado Tonatiuh Guillén, antiguo comisionado federal mexicano para la migración, el acuerdo de 2019 suscrito por el presidente López Obrador con la primera administración Trump, que se significó por mantener en los confines de México a la migración latinoamericana, caribeña, asiática y africana, ya no es suficiente para los Estados Unidos, como tampoco lo sería una

eventual declaración de la República como “tercer país seguro”. Trump quiere la “enchilada completa” pero al revés: una enchilada que le permita controlar draconianamente el paso legal o ilegal de trabajadores (siempre necesarios para la cadena de suministros en los EUA), así como el mercado de las drogas, cuya creciente demanda por parte de estadounidenses de toda edad, sexo y condición social se niega consistentemente a combatir.

La República Mexicana enfrentará, de esta forma, un ingente flujo migratorio de no mexicanos deportados desde el norte, particularmente de venezolanos que huyen de las condiciones antidemocráticas y persecutorias del gobierno de su país. Para administrarlo eficiente y humanitariamente, la hoy abandonada Comisión Nacional de Refugiados (COMAR) requiere un impulso que, por lo menos en lo que toca al presupuesto federal para

2025, luce muy lejano. La presidenta Sheinbaum, en cambio, ha anunciado una ambiciosa reestructuración del Instituto Nacional de Migración (INAMI), culpable de horrores recientes como la muerte por quemaduras y asfixias de los migrantes privados de su libertad en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin que a este día las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) hayan deslindado las responsabilidades correspondientes.

Aun cuando la reestructuración del INAMI resultara un éxito, parece improbable que logre evitar la potencial catástrofe humanitaria que representaría no sólo el endurecimiento de la política migratoria estadounidense (que hay que dar por descontado) sino la clausura de los pasos fronterizos, el cierre de fronteras y la separación de familias enteras, con niños y jóvenes nacidos en los Estados Unidos atestiguando la expulsión de sus padres tras años de trabajo en la economía más poderosa del planeta.

A este respecto, no es ocioso subrayar que Trump ha ordenado retirar la nacionalidad a grupos de estadounidenses que no logren acreditar un vínculo efectivo con el país que los vio nacer, transitando en la asignación de nacionalidad de un modelo abierto de ius soli, como el que ha regido tradicionalmente a los Estados Unidos y a la mayoría de los países americanos, hacia uno de ius sanguinis más propio del discriminatorio modelo europeo. Ello por no hablar de que el retiro de nacionalidad es la política que en Nicaragua ha seguido el gobierno del comandante Daniel Ortega para condenar al ostracismo a opositores políticos, líderes religiosos, periodistas, artistas y escritores convertidos, de la noche a la mañana, en apátridas. 

En cualquier caso, como sugiere Guillén, el gobierno de México haría bien en llevar el tema migratorio a instancias distintas de la que representan Trump y su secretario de Estado, el republicano anti migración Marco Rubio, para involucrar en la cuestión a los gobiernos y empresas de estados fronterizos, a los poderes judiciales (en cuyo seno México ha obtenido algunas victorias que han llevado a condenar la exportación de armas de alto calibre hacia el vecino meridional), a la Iglesia Católica, con su influyente y activa Pastoral de Movilidad, y por supuesto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Fentanilo “y otras drogas sintéticas”

Consecuente con la draconiana política que Trump anuncia para combatir el fentanilo y las presuntas actividades “terroristas” que conducen las drogas a los Estados Unidos, la reforma mexicana al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva injustificada u oficiosa muestra que la estrategia de la administración Sheinbaum consistirá en ceder y conceder frente a las reivindicaciones más agresivas de Trump.

Al catálogo, ya de por sí inmenso, de conductas que se consideran dignas de privación oficiosa y cautelar de la libertad se agregaron, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación en la Noche Vieja de 2024, la extorsión, el contrabando, las operaciones con comprobantes fiscales falsos (operaciones “factureras”) y las actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas. A la ampliación del catálogo, que pasa por alto lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos casos incoados contra México y su política de arraigos y prisiones cautelares sin justificación, se suma la declaración constitucional de prohibición de cualquier interpretación extensiva o analógica por parte de los jueces, que quedarán constreñidos (muy en la tónica de la también reciente reforma judicial) a una por lo demás imposible aplicación exacta o letrística de la ley y, por ende, al dictado forzoso de prisiones preventivas, que en la experiencia mexicana pueden llegar a durar décadas, tan pronto como se presuma, con un estándar probatorio realmente bajo, que el sujeto a proceso ha incurrido en alguna de las múltiples conductas a las que se refiere el artículo 19 de la Constitución general de la República. Estas conductas tipificadas como merecedoras de prisión cautelar ex oficio ya alcanzan las tres decenas siendo que en 2008, al iniciarse el nuevo sistema de Justicia penal, eran solamente siete.

En la misma línea, 2025 se vio inaugurado con la publicación de la reforma al artículo 21 constitucional que permite ahora que no sólo la Guardia Nacional, dependencia del Ejército, sino la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, investiguen delitos y procuren Justicia, actividades que antiguamente se hallaban reservadas al Ministerio Público, sin que quede claro si ambas dependencias lo harán bajo el mando y la conducción de la Fiscalía General de la República o si lo harán en forma autónoma o dependiente de una funcionaria, la Presidenta de la República, que carece de facultades en la materia. Este modelo, parecido al de los EUA en que las diversas agencias de investigación actúan con independencia y con frecuencia se enfrentan entre sí, puede complacer a Trump pero, ciertamente, no parece ser del agrado del expresidente López Obrador quien, en un documento atribuido a él por el periodista Ricardo Pascoe y circulado entre el grupo parlamentario oficialista en el Senado de la República, fustiga la política de combate al narcotráfico seguida por el Secretario de Seguridad de la presidenta Sheinbaum, Omar García Harfuch, acusándola entre líneas de entreguista a los intereses estadounidenses y de potencial generadora de levantamientos populares en México como forma de protesta frente a las inminentes acciones militares de los Estados Unidos. El eventual rompimiento entre quienes encabezan al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) merecerá, sin duda, una atención reforzada en los próximos meses.

Sea de ello lo que fuere, y dada la intensidad de los ataques oficiales a un reportaje del New York Times en que se describe la forma en que opera un supuesto laboratorio casero de producción de fentanilo en Sinaloa, es evidente que la administración Sheinbaum concede a la cuestión un máximo rango de prioridad.

Maíz transgénico: la antesala a la renegociación del Tratado de Libre Comercio

En medio de todo ello, un panel de solución de controversias en el marco del Tratado de Libre Comercio resolvió que México carece de razones para imponer aranceles al maíz transgénico proveniente de sus vecinos del norte. La presidenta ha anunciado una nueva reforma constitucional para proteger al maíz nativo no manipulado genéticamente, lo que renovaría los alardes de guerra comercial, de por sí intensificados por la imposición trumpiana de aranceles muy altos a los productos mexicanos y canadienses, en franca violación al Tratado de Libre Comercio aún vigente entre los tres países. Elon Musk, multimillonario sumamente influyente sobre Trump e integrante de su equipo de gobierno, ha criticado, sin embargo, la expulsión de mano de obra calificada con el pretexto de reforzar el control de las fronteras, si bien ha guardado silencio en la cuestión arancelaria.

En el propio documento senatorial de Morena se reconoce que la declaración como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga complicará la renegociación del TLC. La perspectiva es equivocada, pues la declaración de contribución al terrorismo no se hará sobre el Estado mexicano, como frasea el documento, sino sobre organizaciones que se presumen hostiles a él, aunque ciertamente complicará las cosas para los gobiernos que no combatan eficazmente al narco.

Con todo, debe atenderse como especialmente prioritario el hecho de que, al imponer los aranceles a México, la Casa Blanca ha denunciado, por primera vez en la historia de la relación bilateral, que el gobierno de México se encuentra tomado por el crimen organizado, y que amplias parcelas de la administración responden a los intereses y exigencias de éste. El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, afirma al alimón en la red “X”, propiedad de Elon Musk, que en el “pobre y triste México” los cárteles internacionales de la droga operan libremente y que resultaría “infantil” pensar que el país pueda tener mecanismos para el funcionamiento del Estado de Derecho apenas eficaces.

Malas, pésimas noticias para la estabilidad del gobierno Sheinbaum, que ha llamado a la Oposición a un pacto de unidad para hacer frente a la amenaza norteamericana.

Indultos y perdones del presidente Biden

Trump ha sido sumamente crítico con la política del presidente saliente, Joe Biden, en el sentido de perdonar e indultar a múltiples condenados, entre quienes Trump ve a algunos representantes de la peor corrupción delincuencial en Norteamérica. Ha aprovechado, con ello, para anunciar una política de mano dura y cero indulgencia contra el crimen, reforzando medidas contrarias a los Derechos Humanos y a la doctrina social de la Iglesia, como es la pena de muerte.

La curiosa concordancia con los relevos decimonónicos

A fines del siglo XIX (1893) se presentó en los Estados Unidos un relevo semejante al que ahora vemos, pues el presidente Grover Cleveland, curiosamente contrario a las intervenciones militares en el resto de América, reasumió un mandato interrumpido al derrotar a quien lo había vencido cuatro años antes, el presidente Benjamin Harrison. Éste último, sumamente combativo contra los monopolios y abusos de un capitalismo agresivo y en extensión, fue descalificado y acusado duramente por su predecesor y sucesor, aunque sin consecuencias judiciales ni penales. Veremos qué será lo que suceda ahora, a cuenta habida de que Trump fue condenado por los tribunales estadounidenses durante la administración Biden, sin que ello obstara para su retorno a la Casa Blanca.

Tras la preocupante mutación del multisecular nombre del Golfo de México, Trump mencionó en su discurso del Capitolio al “gran” presidente William McKinley, sucesor de Cleveland que declaró a España la guerra de 1898, incorporó a Hawaii y a las Filipinas con vistas a encarar la “amenaza china”, inició una guerra comercial elevando los aranceles (McKinley tariffs), se apropió de Puerto Rico y sentó las bases para que su sucesor, Theodor Roosevelt, construyera el canal de Panamá.

McKinley murió de un atentado en Buffalo, Nueva York. No gozó de protección divina para convertir a América en algo grande, como Trump afirma que ocurrió en su caso. Más allá de esta diferencia, las coincidencias entre el nuevo presidente y su admirado modelo resultan más que evidentes. La administración Sheinbaum haría bien, quizá, en analizar cómo fue que el Porfiriato, en su pináculo, arrostró el expansionismo estadounidense a principios del siglo XX.

Reflexión pastoral

Como afirma el National Catholic Report, los católicos no podemos permanecer indolentes frente a medidas que ponen en entredicho la Doctrina Social de la Iglesia y su magisterio en materia de Justicia y destino universal de los bienes, como ocurre con varias entre las que se han ordenado desde la Casa Blanca para, supuestamente, regular la migración, ordenar la salud y evitar combatir el “mito” del cambio climático.

Tampoco podremos abstenernos de tomar posición frente a las amenazas de Trump a la estabilidad política y constitucional de México, si bien cualquier postura de unidad deberá partir de exigencias constructivas de diálogo institucional entre el Oficialismo y los diversos sectores sociales, incluyendo por supuesto a las Oposiciones.

1 de febrero de 2025, no. 133.

Directorio

Mons. Héctor Mario Pérez Villarreal

Secretario General de la Conferencia Episcopal Mexicana

Dr. Rafael Estrada Michel

Director editorial responsable. 

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