Entre la espada y la pared: el pcn en la época de Huerta

 Juan González Morfín

En el marco del centenario de la creación del Partido Católico Nacional, el autor de este trabajo habla en torno a la frágil situación en que quedó este instituto político en 1913, ante el régimen ilegítimo del presidente Victoriano Huerta.

Apenas tres semanas antes de la caída de don Porfirio Díaz, se fundó el Partido Católico Nacional (pcn), que intentaría encauzar la participación de los cristianos en la política con un fin doble: de un lado sacar a la Iglesia de una situación de tolerancia en la que había vivido durante los años del porfirismo y, de otro, llevar a la legislación vigente las propuestas del catolicismo social, movimiento que en ese momento encontraba un gran auge en México y que había favorecido la creación de círculos y sindicatos de obreros católicos a la luz de la encíclica Rerum novarum.

Abrirse paso en un país que no gozaba propiamente de una tradición democrática no fue fácil ni siquiera durante los meses que gobernó el presidente Madero, a quien el pcn había apoyado para la elección presidencial.[1] A partir del 19 de febrero de 1913, los acontecimientos seguirían otro cauce, pues, depuestos el presidente y el vicepresidente, un general del antiguo régimen, Victoriano Huerta, habría de gobernar el país con unos rasgos que dificultarían aún más los objetivos para los que el partido se había constituido. En este trabajo se buscará esbozar algunos rasgos sobre la situación que se vivía en el país durante el gobierno Huerta de cara a entender mejor la efímera vida del pcn.

1. El perfil de un guerrero

El senador por Chiapas, Belisario Domínguez, describía en septiembre de 1913 cómo advertía la situación del país:

“Lo primero que se nota, al examinar nuestro estado de cosas, es la profunda debilidad del Gobierno, que, teniendo por Primer Magistrado a un antiguo soldado sin los conocimientos políticos y sociales indispensables para poder gobernar la Nación, se alucina, creyendo aparecer fuerte, por medio de actos que reprueban la civilización y la moral universal”.[2]

 Efectivamente, lo primero que saltaba a la vista en su manera de gobernar, es que era la propia de un hombre de disciplina y de orden, de un soldado, no la de un político ni, mucho menos, la de un estadista. Su oferta, invariablemente, era la de pacificar al país que, por otro lado, era lo que sabía hacer. Había sido, en efecto, su vida llena de éxitos militares, tanto en la paz porfiriana como en los años más revueltos de Madero, en los que con una campaña sorprendente había conseguido aniquilar la insurrección de Pascual Orozco en Chihuahua. Fue por eso que los levantados contra Madero en la llamada “Decena trágica” buscaron mejor negociar con él que derrotarlo.

La fuerza era su fuerte, se podría decir utilizando una redundancia. Y de ello se había jactado siempre a lo largo de su vida. Basta citar un hecho anecdótico ocurrido en 1912 cuando, casi ciego por las cataratas, Huerta accedió a ser operado de ambos ojos y ordenó que la intervención se llevara a cabo sin anestesia.[3]

Para buscar la pacificación del país, durante su gobierno se llevaron a cabo innumerables levas y se recurrió a las reconcentraciones para sembrar terror en quienes simpatizaban con los levantamientos. Esta práctica consistía en obligar a los habitantes de una pequeña región a abandonar sus casas y todo lo que poseían para trasladarse a un perímetro señalado por los militares, donde deberían asentarse sin ningún tipo de servicios. Era una manera de atemorizar a la población para evitar que proliferaran los alzamientos. Belisario Domínguez señala:

“Y esta política del terror, señores senadores, la practica don Victoriano Huerta, en primer lugar, porque en su criterio estrecho de viejo soldado no cree que exista otra; y, en segundo, porque en razón del modo como subió al poder y de los acontecimientos que han tenido lugar durante su gobierno, el cerebro de don Victoriano Huerta está desequilibrado y su espíritu está desorientado (…). Cuando la obsesión es más fija, don Victoriano Huerta se exaspera, y para templar su cerebro, sus nervios desfallecientes, hace un llamamiento a sus instintos más crueles, más feroces, y entonces dice a los suyos: “maten, asesinen, que sólo matando a mis enemigos se restablecerá la paz”. Y dice a don Juvencio Robles: “Marche a Morelos, dé ordenes de concentración, mate e incendie despiadadamente y acabe justos y pecadores, que sólo así tendremos paz”“.[4]

El mismo Huerta había anticipado el perfil de su gobierno cuando, en su comparecencia ante la Cámara de diputados en abril de 1913, había solicitado presupuesto para poder combatir a los rebeldes:

“La Secretaría de Guerra, que es una de las secretarías que más trabajo tienen en la actualidad, por la situación por que atravesamos, se ve con un problema que es el más complejo quizá, casi es imposible. Nosotros necesitamos tropas con objeto de controlar, de reducir en la forma única posible, actualmente, a nuestros malos hermanos de Sonora (…). Por eso el Ministerio de Comunicaciones, próximamente, se dirigirá a ustedes proponiéndoles que aprueben el gasto relativo para que podamos tener comunicación con el Estado de Sonora, que está enteramente aislado de la República”.[5]

2. Un país en quiebra

Si bien, los levantamientos se habían multiplicado a partir de que Huerta se hizo del poder, parecería que lo que menos necesitaba el país para lograr la paz era un amante de la guerra: las arcas del gobierno estaban vacías. La falta de seguridad en vastas regiones del país comenzaba a agudizar la pobreza y, en la capital, donde durante meses se había vivido con la impresión de que la violencia no habría de llegar, el descontento prevalecía por las demandas nunca cumplidas por el régimen maderista.

Paradójicamente, sería el contrarrevolucionario Victoriano Huerta quien se encargaría de dar cabal cumplimiento a algunas de ellas, como el descanso dominical obligatorio y la regulación de la jornada laboral. Medidas que resultaron controvertidas por los intereses que afectaron y, no obstante, fueron mantenidas a pesar de la presión.

La educación era otra de las preocupaciones de Huerta. Agradecía su encumbramiento al hecho de haber podido realizar estudios hasta obtener un título universitario y por ello consiguió del congreso que se asignara a la educación el 9.9% del presupuesto, hecho histórico sin precedentes, ni antes ni después.[6] Ya lo había anticipado cuando se presentó ante la cámara de diputados en abril de 1913:

“Respecto de la Instrucción Pública, se ha hecho mucho, es verdad; pero hemos tomado grandes vuelos; nos hemos ocupado mucho de la Astronomía, de calcular la distancia que hay de Saturno a los centros planetarios, al sol: cosas bellísimas, en verdad, pero poco prácticas. A nosotros no nos debe interesar el saber con toda precisión la distancia en kilómetros o leguas geográficas que hay del centro de la tierra hasta el centro del sol, y no nos importa (…) porque esto no es práctico (…). En primer lugar, hoy hemos comenzado ya por proponer, por pensar, por delinear un programa netamente práctico. Respecto a Instrucción, vamos a ocuparnos de un elemento, el primero del país, señores, el elemento indígena, que es la raza gloriosa, que es la que ha de sostener, no sólo gloriosa, sino victoriosamente, nuestra nacionalidad, señores (…). El ministerio de Instrucción Pública ha resuelto, con la aprobación del Gabinete, establecer más escuelas que se encarguen exclusivamente de la enseñanza rudimentaria. Señores, esto parece una cosa bien sencilla, y significa, a juicio del Gobierno de la República, la salvación del país y el aseguramiento de nuestra nacionalidad. Por eso digo que el señor ministro encargado del ramo cuenta –y lo hago saber a la Representación Nacional– con todos los recursos, aunque contraigamos deudas con el mundo entero”.[7]

Y, en relación con la cuestión agraria, su Secretario de Gobernación, Aureliano Urrutia, tuvo que echar marcha atrás en lo que pareció el primer intento desde el gobierno para implementar una reforma agraria. Efectivamente, apenas habló de la necesidad de un reparto de tierras, grandes protestas lo hicieron desmentirse aclarando que la repartición de tierras no vendría obligada por el gobierno, aunque sin dejar de señalar esa necesidad:

“Las clases acomodadas asisten a esta guerra espantosa sin tomar en ella ninguna participación. Esperan que los defendamos de los asaltos, de los incendios, de los saqueos pero, con honrosas excepciones, nada hacen porque el país entre en un equilibrio definitivo. Y pensé que los hacendados, los que poseen mucho, los que “no conocen” los límites de sus haciendas y pueden pasearse por ellas días enteros a caballo, sin encontrar las mojoneras que marcan sus limitaciones, bien podrían contribuir con algo, con algunas hectáreas de tierra, que sin mermarles gran cosa su caudal, sería el primer paso, paso gigantesco, que resolvería el porvenir y desgarraría las negras brumas que lo envuelven”.[8]

3. Realismo mágico e ilusión: ¿una “dictadura parlamentaria”?

El 19 de febrero de 1913 el general Huerta, encargado por Madero de combatir la rebelión que buscaba su caída, después de negociaciones llevadas a cabo el día anterior en presencia del embajador Henry Lane Wilson, derroca al presidente democráticamente elegido y, para “no caer en la ilegalidad”, mantiene al Congreso de la Unión quien designa presidente al Secretario de Relaciones Exteriores, Pedro María Lascuráin,[9] cuyo único acto de gobierno consistió en nombrar Secretario de Gobernación a Victoriano Huerta, antes de renunciar. De esa manera, el nuevo presidente había cubierto todas las formas legales (previamente Lascuráin había obtenido las renuncias de Madero y Pino Suárez, prisioneros de Huerta).

Así comenzaba la primera “dictadura parlamentaria” de la historia: un dictador que gobierna “supeditado” a un congreso, al cual informa, del que pide aprobación del presupuesto,[10] y bajo el que pone todas sus capacidades “y la propia vida”[11] a fin de conseguir la paz y el bien de la República.

Nos encontramos también frente a un congreso que veía posible coexistir, en un régimen democrático, con la persona que había derrocado al presidente legítimamente electo.

En un congreso así, no faltaban iniciativas como la del senador Belisario Domínguez, quien veía con claridad que para el país no convenía “la profunda debilidad del Gobierno”, con lo que hacía referencia no sólo a la anarquía reinante en vastos territorios del país, sino también a los continuos cambios que el presidente realizaba en su gabinete. Y, rayando en el realismo mágico, se encontraba la solución al problema que él mismo proponía: “ir comisionado por esta augusta Asamblea, a pedir a don Victoriano Huerta que firme su renuncia de Presidente de la República”. Y añadía: “creo que el éxito es muy posible; he aquí mi plan:

Me presentaré a don Victoriano Huerta con la solicitud firmada por todos los senadores aquí presentes y, además, con un ejemplar de este discurso, y otro del que tuve la honra de presentar al señor Presidente del Senado en la sesión del 23 de septiembre.

Al leer esto documentos, lo más probable es: que llegando a la mitad de la lectura, don Victoriano Huerta pierda la paciencia, sea acometido por un arrebato de ira, y me mate. En ese caso, pues, el triunfo es seguro, porque los papeles quedarán allí y, después de haberme muerto, no podrá don Victoriano Huerta resistir la curiosidad, seguirá leyendo y, cuando acabe de leer, horrorizado de su crimen, se matará él también, y la Patria se salvará.

Puede suceder también que don Victoriano Huerta sea bastante dueño de sí mismo, que tenga bastante paciencia para oír la lectura hasta el fin, y que al concluir se ría de mi simpleza de creer que un hombre de su temple pueda ablandarse y convencerse con mis palabras, y entonces me matará o hará de mí lo que más le cuadre. En ese caso, la Representación Nacional sabrá a su vez lo que tiene que hacer.

Por último, puede darse este caso, que sería de todos el mejor: que don Victoriano Huerta tenga un momento de lucidez, comprenda la situación tal como se presenta y que firme su renuncia. Entonces, al recibirla, le diré: señor general don Victoriano Huerta, este acto rehabilita a usted de todas sus faltas. En nombre de la Patria, en nombre de la humanidad, en nombre de Dios Omnipotente, ruego al pueblo mexicano que olvide los errores de usted, y de hoy en adelante, sólo vea en usted al hijo pródigo, al hermano que vuelve arrepentido al seno del hogar, y al cual debemos todos los mexicanos devolver nuestro cariño y consideraciones.

Con este hecho, señores senadores, también el pueblo mexicano en su magnanimidad quedará rehabilitado ante el Mundo, ante la Historia y ante Dios, de todas sus locuras; y la paz, el orden y la prosperidad volverán a reinar en la Patria mexicana.

Espero, señores Senadores, que no dejaréis de ocuparos hoy mismo de este asunto por no ser del que se está tratando. Si tal cosa dijereis, yo os respondería, señores Senadores, que en estos críticos momentos la salvación de la patria debe ser nuestra idea fija, nuestra constante preocupación, y cuando algún medio parezca aceptable, no debe perderse la ocasión, hay que ponerlo en práctica inmediatamente. Os ruego, señores Senadores, que os declaréis en sesión permanente, y que no os separéis de este recinto antes de poner en mis manos el pliego que debo entregar personalmente a don Victoriano Huerta.

No dudo, señores senadores, que sabréis proceder con toda la habilidad y prontitud que el caso requiere, para no exponeros a que más tarde se diga de vosotros que lloráis, como mujeres, la pérdida de vuestra honra y de vuestra nacionalidad, que no supisteis defender como hombres”.[12]

Este discurso del senador Domínguez no se leyó, sino que se entregó primeramente al presidente del senado y, posteriormente, se imprimió y se distribuyó públicamente. Sobra decir que la propuesta de don Belisario pasa del romanticismo al surrealismo y hacía patente, junto con su patriotismo, cierta ignorancia sobre el juego político y, más concretamente, sobre los métodos de Huerta.[13] De hecho, el senador por Chiapas continuó su vida ordinaria, residiendo en un céntrico hotel de la capital hasta que, la noche del 7 al 8 de octubre, desapareció sin que se volviera a saber nada de él hasta que su cadáver fue encontrado en un panteón de Coyoacán.

La desaparición de Belisario Domínguez condujo a los miembros de la xxvi legislatura a exigir de Huerta una clara explicación de los hechos y a amenazarlo con que, de repetirse otro crimen de ese estilo, “esta misma Representación se verá obligada a celebrar sesiones donde encuentre garantías”. Este desafío fue tomado por Huerta no sólo como una provocación, sino como una amenaza de golpe de Estado, por lo que, en condiciones sui generis, disolvió la cámara de diputados al mismo tiempo que el senado votaba su propia disolución, con lo que Huerta asumiría de lleno su papel de dictador.

4. Conmigo o contra mí: la ruptura

La extinción, si bien temporal, del congreso, significó el principio del fin para el Partido Católico Nacional. Ya en marzo de 1913 su órgano oficial, La Nación, había afirmado que “aceptaba el gobierno de Huerta como un hecho consumado, pero rechazaba su oferta de paz a cambio de la renuncia al ejercicio de los derechos políticos. Sostenía que el mayor de los peligros a los que se enfrentaba el país no era la rebelión, sino la creencia de que México estaba condenado a oscilar entre la anarquía y la dictadura y que, si bien “fracasó nuestro primer ensayo democrático, porque los encargados de dirigirnos lo convirtieron en demagogia y (…) anarquía”, era necesario no “echarnos en brazos de la nueva dictadura” y recordar que uno de los ideales del partido era la realización de la democracia. Más adelante sentenciaba: “sin libertad política no pueden existir partidos católicos”.[14] En consecuencia, el deber de los católicos, frente a quienes insistían que para el logro de la paz era necesaria la dictadura, era ejercitar “sin desmayo nuestros derechos políticos”“.

Si bien el gobierno de Huerta pudo haber encontrado simpatizantes entre los miembros del PCN, sin embargo, la actitud del partido fue más bien de rechazo y de escepticismo, cuando no de abierta crítica, a pesar de las posibles represalias.[15]

Esta actitud se acentuó a partir de la disolución del congreso, “criticada con acritud por La Nación, que sostenía que “la Patria está en peligro de muerte” y que la disyuntiva planteada por el régimen era la de “ser viles esclavos o espantables rebeldes”.[16]

Huerta, una vez disuelto el congreso, convocó a elecciones de diputados y senadores para el domingo 26 de octubre, día en que estaba programada también una votación para presidente de la república a la que se presentaba como candidato el mismo Huerta. En dichas elecciones privó el abstencionismo y las irregularidades. El escritor Federico Gamboa, candidato a la presidencia presentado por el PCN, consideró que se había gestado un gran fraude en su contra, aunque por las condiciones del país era más bien pensable que ni siquiera se las pueda llamar elecciones.

A través de un intermediario, Huerta ofreció al PCN 100 diputaciones que serían diputados designados sin atender el resultado de las elecciones ni el distrito por el que hubieran competido.

“La oferta fue rechazada por el presidente del partido [Gabriel Fernández Somellera], quien informó a sus correligionarios que sólo los diputados cuyas credenciales fueran legítimas podrían concurrir al congreso, es decir, Eduardo Correa por Aguascalientes, Manuel de la Hoz y Rafael de la Mora por Jalisco, y Francisco Elguero y Perfecto Méndez Padilla por Michoacán. Aquellos que recibieran credenciales de distritos distintos de donde habían sido postulados, deberían rechazarlas o quedarían fuera del partido. A pesar de la advertencia (…) Eduardo Tamariz, Ignacio Pérez Salazar, Francisco Pascual García y José Elguero aceptaron ser reconocidos diputados por distritos distintos de los que habían sido postulados. Además, contra la decisión del partido, participaron en el colegio electoral y Tamariz incluso aceptó presidir la cámara durante la inauguración del periodo de sesiones”.[17]

Una vez conocido el triunfo de Huerta para la presidencia, “La Nación y El Regional lamentaban la imposición y consideraban que la dictadura y el militarismo no traerían la paz. (…) La Nación aseguraba que “con los cañones no basta, si la justicia y la verdad no van al frente. Sin estas últimas, pudiéramos decir que la fuerza y lo opresión salen sobrando y en general resultan contraproducentes”. El Regional advertía que el pueblo no estaba dispuesto a tolerar la supresión de sus derechos políticos.[18]

Posteriormente, para las elecciones municipales, a celebrarse en varios estados en el mes de diciembre, las opiniones sobre participar o no eran encontradas. Finalmente, Gabriel Fernández Somellera determinó que el partido se abstendría de concurrir por considerar que el “ejercicio de los derechos políticos se hace imposible cuando la dictadura impera como régimen de gobierno”. Advertía, sin embargo, que la renuncia era temporal y que los católicos continuarían “la lucha por la democracia cristiana, que es imperecedera, mientras que los regímenes anormales son transitorios”.[19]

La respuesta del régimen no se hizo esperar: el 22 de diciembre fue suspendido temporalmente el diario La Nación. Se permitió que volviera a circular a partir del 6 de enero de 1914, “pero la tregua fue efímera. Diez días después, el diario fue de nuevo clausurado, esta vez de modo definitivo, y Fernández Somellera y Enrique M. Zepeda, director del periódico, fueron aprehendidos y encarcelados en San Juan de Ulúa”.[20]

5. Culto público durante el régimen de Huerta y persecución posterior

El régimen de Huerta, por más que impidió el ejercicio de no pocos derechos cívicos, no lo hizo así en relación con la libertad religiosa, pues en términos generales dio garantías para que se llevara a la práctica este derecho.

De esa manera, el episcopado organizó una ceremonia solemne de consagración de la nación mexicana a Jesucristo Rey y una serie de eventos en las principales ciudades del país en torno a esta ceremonia. El gobierno no sólo permitió estos festejos, sino que el martes 6 de enero de 1914, en el templo de San Francisco en la ciudad de México, los generales de división, Ángel Ortiz Monasterio y Eduardo Paz, en uniforme de gala, llevaron en cojines de seda la Corona y el Cetro que el arzobispo de México don José Mora y del Río, utilizaría para la consagración. Y, al domingo siguiente, “11 de enero, se proclamó públicamente la realeza de Jesucristo por las calles y plazas de la capital y de las principales ciudades de la nación mexicana. El pueblo católico se lanzó a la calle. Una inmensa multitud de católicos, después de muchos años de temido encierro, recorrieron las vías públicas para congregarse en las catedrales y templos de la República”.[21] Afamados oradores jesuitas, como Mariano Cuevas, Eduardo de la Peza y José Mier y Terán, predicaron en las catedrales de Puebla, Guadalajara y México.

Estas manifestaciones públicas fueron permitidas a condición de que los participantes se abstuvieran de portar cualquier distintivo político,[22] pues el régimen se había decepcionado del PCN y lo comenzaba a ver como un eventual adversario. De hecho, el mes anterior, la legislatura de Michoacán había aprobado una ley que prohibía a los partidos llevar nombres religiosos.[23]

No obstante, quienes combatían a través de las armas el régimen de Huerta veían con sospecha estas “concesiones”. No podían explicarse qué, al mismo tiempo que se violaban los derechos políticos se respetaran los derechos religiosos sin que esto implicara una cierta connivencia entre las autoridades políticas y religiosas.

Así, a la llegada de las tropas constitucionalistas a los lugares que iban conquistando, en muchas ocasiones se emprendía una verdadera persecución de lo que los anticlericales llamaban “el elemento católico”. Así lo daban a conocer pocos meses después, en un informe al Delegado Apostólico, los obispos mexicanos que hubieron de refugiarse en Texas: “Ordinariamente, tomada una población, el jefe de las armas cita a los obispos y sacerdotes ante su presencia, y les impone una exorbitante contribución de guerra, a la cual se siguen vejaciones de mil maneras, escarnios y por último el destierro. Se les destierra sin proceso de ninguna clase y sin que los deportados sepan adónde van a parar”.[24]

Y, si esto ya ocurría en la época de Huerta, al terminar su periodo se verificaría una verdadera persecución, especialmente en algunos estados, so pretexto de que los católicos habían apoyado el régimen golpista. Así se desprende del decreto del 14 de junio de 1914 que, para el estado de Nuevo León, promulgó el general constitucionalista Antonio I. Villarreal –después gobernador del estado–:

“Las dictaduras pretorianas y clericales de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta –decía en la exposición de motivos del decreto–, contra los que ha venido luchando victoriosamente el pueblo en estos últimos años, han tenido toda la simpatía y todo el apoyo de la Iglesia Católica mexicana que siempre ha procurado evitar que se haga luz en los cerebros de los oprimidos y ha querido remachar las cadenas de los que sufren. El clero ha tenido bendiciones para los crímenes y corrupciones repugnantes de Huerta, y ha trabajado, afortunadamente sin éxito, para que la masa popular creyente se levantara contra el movimiento constitucionalista que viene a redimirlo”.

Y, después de aclarar que se permitirá abrir al culto cinco iglesias en todo Monterrey, observando unos horarios preestablecidos, el decreto ordenaba:

“1. – Se expulsa del Estado de Nuevo León a todos los sacerdotes católicos extranjeros y a todos los jesuitas de cualquier nacionalidad que sean

“2. – De los restantes sacerdotes católicos se expulsa a todos los que no comprueben debidamente y den su abstención de asuntos políticos.

“3. – Las iglesias estarán abiertas desde las 6 a.m. hasta la 1 p.m. En ellas sólo podrán oficiar los sacerdotes que tengan permiso, por haber hecho la comprobación a que se refiere el artículo anterior.

“4. – Se prohíben solemnemente los confesionarios y las confesiones.

“5. – Se prohíbe la entrada del público a la sacristía.

“6. – Las campanas de los templos se usarán solamente para festejar las fiestas patrias y los triunfos de las armas constitucionalistas.

“7. – Se clausurarán todos los colegios católicos que no se sometan estrictamente a los programas y textos oficiales (…).

“8. – Las infracciones de cualquiera de estas disposiciones se castigarán con multa de 10 a 500 pesos o arresto de dos a cuatro meses (…)”.[25]

Ésta no sería la única ley que tomara medidas tan radicales en contra de la libertad religiosa al grado de prohibir incluso la práctica de la confesión. Del mismo estilo fue el decreto del general Francisco Murguía, en el estado de México, en septiembre de 1914 que, en su artículo 7° establecía: “queda prohibida de una manera absoluta la práctica de la confesión. Para la mejor observancia de esta prescripción, los templos no podrán abrirse más que cada ocho días, a la hora de las misas”.[26] En esta misma reglamentación sólo se permitía un sacerdote por localidad, se prohibía utilizar cualquier atuendo religioso y se prohibía cualquier otro tipo de ceremonia, fuera de dos misas permitidas el domingo.

Huerta había presentado su renuncia el 15 de julio de 1914 ante aquel congreso que prácticamente él había nombrado. Sin embargo, no quiso ni en eso dejar de aparentar una cierta legalidad. Del 19 de febrero de 1913 habían transcurrido menos de 17 meses en los que el general que quiso ser presidente para sacar al país del caos, lo abandonaba ahora en la anarquía más completa. Basta decir que durante ese año hubo cuatro presidentes de la república y, en un determinado momento, subsistían tres presidentes distintos apoyados por diferentes bandos. Pero ese no fue todo el legado de Huerta: durante su gobierno se había dado el golpe de gracia a la participación organizada de los católicos a través de un partido político y se habían sentado, si bien accidentalmente, las bases para el inicio de una verdadera persecución a la Iglesia.

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