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La participación del clero secular en la independencia de México

 

Tomás de Híjar Ornelas

 

 

 

Se da cuenta en este artículo de las causas, importancia, consecuencias y razón por la cual durante mucho tiempo la historiografía y los historiadores esquivaron el análisis integral de  la copiosa e intempestiva participación del clero diocesano en los primeros años de la lucha por la emancipación de México.[1]

 

Aunque la primer pesquisa en torno a la participación de los ministros sagrados novohispanos en la guerra de independencia sea antigua, habiendo circulado en letras de molde tan sólo 20 años después de consumada la misma, en 1841, en el opúsculo de nombre kilométrico: Martirologio de algunos de los primeros insurgentes por la libertad e independencia de la América Mexicana, o sea prontuario e índice alfabético de varios individuos eclesiásticos y seculares... de don Carlos María de Bustamante, impreso por J. M. Lara, en la Ciudad de México, en 51 páginas, no pasa éste trabajo por ser un modelo de objetividad y no podemos reprochárselo a su autor,  alguien que impregnado del romanticismo de su tiempo centró su interés en hacer apologías edificantes y no revisiones generales de las motivaciones sociales de los próceres de la insurgencia.

Al cabo de setenta años de ominoso silencio, la pluma de don Elías Amador ofreció al tema una importante compilación: El clero mexicano en la revolución de la independencia, que vio la luz en 1909, en una pulcra edición bajo el signo del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología. Contienen sus páginas datos espigados en los archivos judiciales relacionados con las causas seguidas en contra de los eclesiásticos que simpatizaron con este movimiento, pero sin aspirar a ver ni a mencionar sus antecedentes y las consecuencias inmediatas.

Luego de otros sesenta años de ostracismo provocado por el temor de un gobierno incapaz de aceptar que una sociedad democrática se oxigena aceptando la presencia de las instancias críticas y hasta disidentes a todo proyecto institucional, no satisfecho con valerse de una energía ilimitada para suprimir de la vida pública al catolicismo fomentó, gracias a su corporativismo clientelar, que sus afiliados llevaran a cabo ningún análisis  que pusiera en tela de juicio las versiones “oficiales” de la historia  patria.

Fue necesario que pasaran casi sesenta años, para que una extranjera, Nancy Marguerite Farriss, quitara a los académicos en México el miedo a abordar el tema; ella lo estudió desde la superficie, esto es, desde las reacciones asumidas por una parte del clero ante el ascenso del regalismo absolutista español de la segunda mitad del siglo XVIII, sin embargo, su obra La Corona y el clero en el México colonia, 1759-1821: la crisis de los privilegios eclesiásticos, publicada en inglés en 1968, abordando el tema propuesto desde las causas y no desde los efectos, ofrece de forma desapasionada una interpretación personal de los hechos , no tanto un análisis integral de ellos.

Correspondió a don Ernesto de la Torre Villar, quince años más tarde, hacer un examen ecuánime de este capítulo, en su libro La independencia mexicana (1982). Inducidos por él, muchos otros  investigadores se han replanteado una necesidad soslayada: la de abrevar en las fuentes primarias. Fruto de tales empeños han sido las siguientes publicaciones: Ministros de lo sagrado: sacerdotes y feligreses en el México del siglo XVIII, de William Taylor (1996), Vicarios en entredicho. Crisis y desestructuración de la provincia franciscana de Santiago de Xalisco, 1749-1860, de José Refugio de la Torre Curiel (2001), Del sermón al discurso cívico: México, 1760-1834, de don Carlos Herrejón Peredo (2003) y La otra rebelión: la lucha por la independencia de México, 1810-1821 (2006), en la que Eric Van Young, por motivos personales minimiza, el papel desempeñado por los ministros sagrados en esa lucha.

Después de ellos ha salido de la imprenta una obra y en algunos aspectos insuperable: Catolicismo y liberalismo en México, en tres volúmenes (2007), de Emilio Martínez Albesa, quien a través de un estudio exhaustivo de los manuscritos e impresos de la época, agrupa las ideas en vertidas en ellos, dándole seguimiento a la metamorfosis gracias a la cual entre 1767 y 1867 una nación católica se convirtió en un estado liberal anticlerical. En las últimas semanas (mayo del 2010) se ha publicado un Diccionario de eclesiásticos en la insurgencia de México, donde se ofrece un apretado repertorio de nombres y datos concisos y claros. Por su parte, los especialistas en el tema, no han dejado de ofrecer artículos y monografías de gran interés: David Brading, Virginia Guedea, Juan Ortiz Escamilla, Brian Connaugthon,[2] Ana Carolina Ibarra[3] y David Carvajal López,[4] por mencionar los más señalados.

El fruto de todos estos afanes constituye ahora un rico bagaje merced al cual podemos esperar que a la vuelta de un par de lustros, cuando se celebre el bicentenario del nacimiento de México, la visión sintética de estos hechos sea menos partidistas y polarizada que la decimonónica, madre de la historia patria o de bronce, exégesis maniquea divulgada hasta la saciedad en los cien años que van de 1868 a 1968, mediante el uso ilimitado de recursos del erario e incautando la memoria colectiva, con tal de privilegiar la memoria colectiva, la visión del liberalismo político y de oficializar                          una postura y excluir las no coincidentes, tarea acometida por la monumental obra México a través de los siglos y sus glosadores.

Y bien, si tantas son las novedades publicadas, ¿aun queda algo en el tintero? ¿No resulta ocioso o repetitivo volver sobre lo mismo? Consideramos que no, pues si bien ya se puede hablar de la participación de la “Iglesia” como parte activa y no sólo dique de los movimientos libertarios, poco se han estudiado los aportes de los eclesiásticos diocesanos en al proceso emancipador de lo que hoy es México.

Ahora es posible afirmar que sin la decidida actuación del ‘clero secular’ -hoy decimos del ‘presbiterio diocesano’, en oposición al ‘clero regular’, el de los ‘sacerdotes religiosos’-, el proceso a favor de la Independencia se habría militarizado –como a la postre sucedió- a la manera acaecida en el cono Sur de los Artigas y de los Rosas.

Esta colaboración sólo aspira a probar que la importancia otorgada al clero regular en el surgimiento de la nación mexicana - la simbiosis de dos culturas en una tercera ya no híbrida, sino distinta, y ya perceptible a mediados del siglo XVII-, la tuvo, mutatis mutandis el clero secular, entre los años de 1810 a 1816, en el surgimiento del estado mexicano.

            Para sostener lo anterior habrá que formular, como ya otros lo han hecho,[5] estas preguntas:

·        ¿La participación de los ministros sagrados acaudillando movimientos de insurrección, como el iniciado por el párroco de la Congregación de Los Dolores, el 16 de septiembre de 1810 era contraria a la disciplina eclesiástica o al derecho canónico, en cuyo caso estos eclesiásticos fueron apóstatas y cismáticos, como llegaron a tildarlos sus superiores y contrincantes?

·        ¿Por qué los militares implicados en la conjura de Querétaro cedieron el mando del movimiento a un clérigo que si bien poseía un gran bagaje intelectual y una rica experiencia en el campo de la promoción social, carecía de preparación como estratega bélico?

·        ¿Por qué en el cuatrienio que va de 1810 a 1814 los principales caudillos e ideólogos del movimiento emancipador fueron sacerdotes diocesanos y por qué resulta arbitrario seguir aplicando los calificativos insurgentes y realistas a los eclesiásticos que tomaron parte activa en el proceso entre estas fechas?

Responder a estas cuestiones me impone un preludio más largo de lo que yo quisiera, por lo cual, curándome en salud, ofrezco una disculpa.

 

0.      La evangelización del continente americano

 

Los primeros bautizados en tener contacto con el inmenso territorio americano y con sus habitantes aborígenes fueron los tripulantes de las carabelas capitaneadas por Cristóbal Colón -las pupilas de Rodrigo de Triana, para ser exactos -. No consta que a tales expedicionarios les acompañara capellán alguno ni que tuvieran intensiones o deseos de catequizar a nadie.

Fue el Papa Alejandro VI el primero en oponer un dique a la avaricia de los expedicionarios y el saqueo del Nuevo Mundo al pedir de forma enérgica a los reyes católicos, el 06.05.1493, que 

 

…destinéis a las tierras e islas susodichas, varones probos y temerosos de Dios, doctos, instruidos y experimentados, para doctrinar a los dichos indígenas y moradores en la fe católica e imponerles en las buenas costumbres, poniendo toda la diligencia de vida en los que hayáis de enviar…[6]

 

La evangelización comenzó formalmente en 1494, al desembarcar un legado papal, fray Bernado Boyl, catalán,[7] nombrado vicario apostólico para las Indias Occidentales. Fue él quien celebró la primera misa del continente, en el sito de La Isabela,[8] el 06.01.1494. No obstante, debieron pasar doce años después de la invención de América para que la Santa Sede erigiera en la isla La Española la arquidiócesis de Yaguata con las diócesis sufragáneas de Magua y Baynúa, iglesias cuya vida sólo fue jurídica.[9]

La vida diocesana comenzará hasta 1511, al crearse los obispados de Santo Domingo (sede primada de América), Concepción de la Vega y San Juan de Puerto Rico, dando inicio con ellos al establecimiento de estructuras pastorales –las parroquias- en un territorio que hasta antes de esa fecha dependía en lo eclesiástico de la arquidiócesis de Sevilla.

Por lo que al territorio de lo que hoy es México respecta, la fecha documentada de la primera misa oficiada es el 06.05.1518, y la presidió un clérigo secular, don Juan Díaz, capellán de la expedición de Juan de Grijalva; el lugar fue la isla de Cozumel, sin embargo, la primera eucaristía en tierra firme americana fue en Tabasco (Cunduacán), el 17.04.1519, y estuvo a cargo un religioso mercedario, fray Bartolomé de Olmedo.

La expedición encabezada por Hernán Cortés abrió una ruta de insólita fecundidad para el proceso de la evangelización a partir del 31.05.1523, fecha en la que arribaron a Veracruz tres legos franciscanos flamencos: Pedro de Gante, Juan de Tecto y Juan de Aora. Poco después lo harán doce sacerdotes de esa misma orden (1524), otros tantos dominicos (1526) y los agustinos (1533). En estas tres familias religiosas recaerá el peso de la primera fase de la evangelización en la Nueva España. Después vendrán los educadores: la Compañía de Jesús (1572), los carmelitas descalzos (1585) y los mercedarios (1594).[10] Finalmente, las órdenes hospitalarias: los juaninos, los hipólitos, los betlemitas, los lazaristas y los camilos.

El número de los religiosos nunca fue elevado. Baste recordar que en 1559 el total de los frailes misioneros en la Nueva España no llegaban a ochocientos: trescientos ochenta franciscanos en 80 casas, doscientos diez dominicos, en 40 y casi igual número de agustinos en otros tantos conventos, el numero de los cuales, en los tres siglos de dominio hispano, fueron de 208 de varones y 56 de monjas.[11]

 

1.      El clero diocesano en México antes de la Independencia

 

a.      Secularización de las doctrinas de indios

 

Dos elementos caracterizan la organización eclesial territorial hasta 1821: la alianza estrecha entre el altar y el trono, regulada por un instrumento jurídico conocido como Regio Patronato Indiano, por el cual el rey  de España habría recibido del Papa el título de vicario suyo para los asuntos temporales de la Iglesia (erección o supresión de diócesis y parroquias, presentación y aprobación de los candidatos a las sedes episcopales, nombramiento de dignidad religiosa, establecimiento de cabildos eclesiásticos y dotación de sitiales y prebendas, establecimiento de órdenes religiosas, conventos, monasterios y seminarios; autorización para fundar universidades, colegios y hospitales, en ese tiempo todos a cargo de la Iglesia, y la recaudación de los diezmos, servicio por el cual el soberano retenía dos novenas partes). El segundo elemento es la creación de Iglesias particulares o diócesis en el actual territorio mexicano, siendo la primera en el tiempo Tlaxcala (1525), cuya asiento definitivo pasó a la Puebla de los Ángeles, aunque nunca se discutió la primacía natural de la de México (1531). En pocos años se crearon Antequera – Oaxaca (1535), Michoacán (1536), Ciudad Real (Chiapas, 1539). Cuando se erigió Guadalajara (1548) ya México tenía la dignidad arquiepiscopal, vino luego Yucatán, (1561), Durango o Nueva Vizcaya (1620), Linares (1777) y Sonora (1799).[12]

La edad de oro de las misiones abarcó la primera mitad del siglo XVI y comenzó a declinar luego de los tres concilios provinciales de esa centuria (1555, 1565 y 1585), que pusieron fin a la primera fase de la evangelización, dando cabida al establecimiento de las estructuras pastorales definitivas, todo lo cual no estuvo exento de cierta tirantez entre los diocesanos y los religiosos, ni pudo liquidarse de la noche a la mañana.

 

b.      La formación del clero nativo

 

Si el traspaso de la administración religiosa a la diocesana comenzó secularizando las parroquias de indios, la creación de seminarios conciliares y la elección de obispos “del hábito de san Pedro”, como se apodaba a los diocesanos, propiciará la formación de un clero nativo.

No deja de ser notable que mientras la Cristiandad europea se desgarraba por el Cisma de Occidente,[13] al otro lado del mundo, en América, comenzaba una actividad evangelizadora sólo comparable con la de los tiempos apostólicos.

Pues bien, aun cuando la reja del arado que roturó el Evangelio en los barbechos amerindios la empuñaran los frailes, la mano que echó no pocas veces la semilla, fue la de los catequistas indianos, que los hubo pronto y tan eficaces que no dejaron de sorprender a los cristianos ‘viejos’.

Aunque hoy en día muchos discutan y cuestionan la legitimidad de las primeras etapas de la evangelización, así como los métodos y la aplicación de criterios para alcanzar la conversión de los naturales, ver el revés no debe escondernos el envés: reprimir la codicia de los conquistadores y de los encomenderos, erradicar prácticas nefastas como la esclavitud jurídica de los indios o la imposición de tasas y gravámenes a las comunidades; el establecimiento de las ‘repúblicas de indios’ y el mantenimiento de las actividades misionales en el norte bárbaro, ocupado hasta el siglo XIX por indios nómadas genéricamente denominados chichimecas.

Uno de los fenómenos antropológicos más ricos y densos de la historia de la humanidad, cuya calidad y esencia no ha sido suficientemente estudiada, tuvo lugar en la Nueva España y ya es tangible a la vuelta de un siglo, en la primera mitad del XVII: la integración de elementos culturales propios y persistentes tanto en la educación, la cultura y las artes, como en el sostenimiento de las obras asistenciales.

Fue muy a finales de este siglo cuando la consolidación de las rentas episcopales permite el establecimiento de seminarios o “colegios tridentinos”, base del clero nativo.[14] El seminario palafoxiano (1644), el pontificio de la Santa Cruz de Oaxaca (1673), el de Chiapas, atendido por los jesuitas (1675) -al igual que el de Yucatán-, el de Guadalajara (1696) y el de México (1697), dan fe de ello.

En 1810, el clero en las once intendencias que componían la Nueva España[15], salvo en las provincias internas de oriente[16] y de occidente,[17] así como en las Californias,[18] es diocesano en su mayoría: 4229 clérigos ante 3112 frailes.[19]

 

c.      El clero ‘alto’ y el clero ‘bajo’ antes de la independencia

 

Aunque hoy resulte vejatorio usar tales títulos, en los tiempos donde el principio de orden constituía el pivote del cual dependía la organización social, no lo era. Todos en estos lares, nobles y plebeyos, eruditos y analfabetos, aceptaban que Dios gobernaba el mundo sirviéndose de dos vicarios: el Papa, cabeza espiritual visible de la Iglesia, y el rey, con igual jurisdicción para las cosas temporales. Esto permitía un vínculo inextricable entre el altar y el trono, representado, como ya se mencionó, por el Regio Patronato Indiano, por cuyo conducto los obispos y dignidades eclesiásticas -los miembros de los cabildos eclesiásticos- eran el equivalente a funcionarios de su Majestad para las cosas temporales de la Iglesia; por otro lado, el aparato burocrático captaba a no pocos ministros sagrados empleándolos en gestiones de la cosa pública, como censores, peritos y oficiales en los tribunales estatales, como lo era el del Santo Oficio de la Inquisición, por más que los ignorantes lo sigan equiparando a los provisoratos.

Que los jerarcas de la Iglesia fueran casi sin excepción peninsulares no debe extrañarnos, si consideramos que aspirar a una mitra requería antes ceñir las borlas de doctor en una o varias facultades, tarea ingrata y casi imposible para los jóvenes americanos habiendo una sola Universidad en todo el reino, y nada remota para los peninsulares, que tenían a su disposición diez centros docentes de este nivel.[20]

Abrazar al estado eclesiástico a principios del siglo XIX era una forma aceptada de ascender a de estatus social siempre y cuando se gozara de una capellanía colativa, esto es, a una obra material o ‘capital piadoso’ erigido por un donante, y confiado a la administración de una Iglesia diocesana,  reservándose el fundador el derecho para sí y sus descendientes directos de nombrar al titular de la capellanía, el cual debía subsistir con las rentas de ese beneficio eclesiástico.

Las parroquias, denominadas ‘beneficios curados’, se opositaban por rigurosa relación de méritos, y no era raro el caso –el de Miguel Hidalgo es un ejemplo de ello- del cura terrateniente, que sin hacer de lado sus negocios temporales, cubría, al mismo tiempo, responsabilidades espirituales con una feligresía.

Los clérigos se ordenaban a título de oficio o de beneficio y podían pasarla económicamente muy mal o vivir de actividades que no riñeran con su ministerio y disciplina pero ajenas a su investidura, como era el magisterio, la burocracia estatal o la administración de los bienes eclesiásticos.

 

2.      El clero secular durante la guerra por la independencia de México

 

a.       Cambios sorprendentes

 

El estilo de vida en la Nueva España, en apariencia inamovible hasta la segunda mitad del siglo XVIII, sufrirá a la vuelta de pocos años, treinta, modificaciones trascendentales, patentes en cuatro episodios que es necesario recordar, por ser los ingredientes para entender lo acaecido en los años venideros, dos son de carácter interno y dos acaecidos desde fuera:

·        La arbitraria, injusta y brutal expulsión de los religiosos de la Compañía de Jesús, en 1767, paradigma del absolutismo regio, suceso que fracturó el respeto y la confianza del pueblo hacia su Soberano.

·        Las modificaciones a la administración pública denominadas ‘reformas borbónicas’, que recrudecieron al comercio con gabelas y estancos, afianzaron el control estatal sobre ciertos productos (pólvora, tabaco, papel), la convalidación de vales reales y la imposición de préstamos forzosos y hasta incautación de los capitales de las corporaciones civiles y eclesiásticas para sanear las quebrantadas finanzas públicas, todo lo cual trajo consigo una nueva estructura territorial, las intendencias (1786), de todo lo cual derivó una pandemia social que puso al descubierto una pronunciada y aguda decadencia entre el burocratismo del trono español y la esquilma, mediante tributos vejatorios, de los súbditos en los dominios de ultramar.

·        La Guerra de Independencia de los Estados Unidos, acontecimiento alentado por España (1775-1783), que sembró la inquietud democrática y

·        La Revolución Francesa, que habiendo comenzado en 1789, tuvo su eco americano en Haití, y a la postre estimuló las pretensiones imperialistas de Napoleón Bonaparte, invasor de la península ibérica y usurpador de la legitimidad de la Casa reinante. A Napoleón se le tuvo como el anticristo, luego que atento´ contra la persona del Papa Pío VI y aceleró la muerte del mismo en el exilio (1799), no sin antes disolver los estados pontificios y mostrar sus pretensiones hegemónicas,  orillando al Papa Pío VII a ser testigo de honor de su coronación.

 

Sin embargo, fue la invasión napoleónica a España, la abdicación de Fernando VII a favor de José Bonaparte y el impacto de este suceso en el dilatado trono español, el detonador para que se produjese lo que parecía impensable: la fractura de la monarquía española.

 

b.      La reacción entre los intelectuales

 

La rapidez con la que tales sucesos afectaron los dominios hispanos en la América Septentrional propició cuatro posturas, que conviene recordar por separado:

I.       La de los peninsulares, deseosos de mantener a todo trance el control del gobierno, así proviniera de un monarca usurpador, a los cuales se les endilgó el mote de afrancesados o gachupines.

II.    La de los peninsulares moderados, deseosos de mantener su preeminencia mediante la adhesión y el reconocimiento de la Nueva España a alguna de las Juntas Patrióticas organizadas en la península como gobierno alterno en rebeldía y en repudio al impuesto por Francia, representaban a la dinastía borbónica en tanto esta era restaurada; tales Juntas fueron las de Oviedo, Santander, La Coruña, Sevilla, que se autodenominó Suprema y Cádiz, que por vez primera en la historia convocó a Cortes a cierto número de representantes o diputados americanos, para que a partir de 1810 y durante los dos años siguientes redactaran la primera Constitución Española.

III. El partido de los americanos, los llamados libertarios, deseosos de organizar sus propias Juntas Patrióticas y gobernar, como las otras, a nombre de Fernando VII, tal y como se intentó en México y sucedió en Montevideo.

IV. Otra modalidad entre los americanos fue la sugerida por Francisco Primo de Verdad y Ramos, y consistió en lanzar el desafío de reconocer que en ausencia del soberano legítimo, los municipios recobraban la potestad originaria de autodeterminarse y hasta decidir un nuevo rumbo a su conformación social.

En tanto prevalecía un estado de confusión y caos alentado por la distancia que entonces separaba –Atlántico de por medio- a la metrópoli de sus territorios de ultramar, entre 1808 y 1810, estos bandos se definieron en dos, prevaleciendo el de los legitimistas, o sea, quienes optaron por mantener los nexos con la península a través de las Cortes de Cádiz. Los otros organizaron en la clandestinidad conjuras para capitalizar el desconcierto social y buscar el establecimiento de Juntas Patrióticas locales.

A los señores obispos no les quedó más remedio que seguir los dicterios del grupo dominante, pero a los restantes miembros del clero, incluyendo a no pocas dignidades (es decir, miembros de los cabildos eclesiásticos), el rumbo de la nave no estaba definido después de mayo de 1808.

 

c.       El liderazgo del clero secular en los inicios del movimiento emancipador

 

Ahora puedo responder a las preguntas que hice párrafos atrás:

Aunque hoy nos resulte extraño, hace dos siglos sí era moral y canónicamente justificable la participación de los ministros sagrados en movimientos bélicos como los surgidos a partir del 16 de septiembre de 1810. Los eclesiásticos que tomaron parte activa en él empuñaron las armas bajo la convicción de que moralmente y en conciencia estaban obligados a ello, sirviéndose del argumento de la guerra justa, e imitando con ello el ejemplo de no pocos congéneres suyos, que se lanzaron al campo de batalla durante los dramáticos episodios desarrollados en la península ibérica en los dos años anteriores, para salvar la religión de los heréticos y apóstatas y sus secuaces.

Asumiendo lo anterior, se aclara el por qué los militares implicados en la conjura de Querétaro, principalmente el caudillo natural del grupo, Ignacio Allende, cedieron el mando a un eclesiástico: nadie podía disputarle en ese momento a Miguel Hidalgo una ascendencia moral como  la que ejerció sobre la turba que de inmediato se sumó a su causa. Que un cura acaudillara el movimiento, le quitaba, a éste la sombra de tratarse de una acción de tipo revolucionaria a la manera de Francia, esto es, anticristiana. Es más, no pocos de los voluntarios, que  al lado de Hidalgo, bieldo en ristre masacraron gachupines en Guanajuato, el 22 de septiembre de 1810, creían hacerle un favor a la religión, por considerar a los peninsulares simpatizantes del orden monárquico vigente,  o sea, el usurpador hermano del hereje Napoleón.

Sin embargo, ni siquiera estos dos argumentos bastan para explicar porqué motivo fueron eclesiásticos los principales caudillos de este movimiento entre los años de 1810 a 1814. La razón es ésta: diferencia de lo que acaecía en la península, en la América Septentrional la clase intelectual de ese tiempo estaba compuesta mayoritariamente por eclesiásticos; los pocos médicos, letrados y jurisperitos residían en las capitales y su liderazgo en los pueblos y villas era  nulo; en cambio, los ministros sagrados ocupaban la cumbre en lugares remotos y aun se comunicaban con los naturales en su idioma, como Hidalgo, que entendía y hablaba el otomí.

Después de este larguísimo exordio, comienzo, a grandes zancadas, el tema propuesto en este artículo.

 

d.      La participación del clero secular en la guerra de independencia

 

En 1810 la provincia eclesiástica de México estaba integrada por catorce diócesis, sin contarla a ella misma: Puebla, Oaxaca, Michoacán, Guadalajara, Chiapas, Yucatán, Durango, Linares y Sonora, así como Guatemala, Nicaragua, Comayagua, Verapaz y Manila. De todas estas, sólo el clero de las cinco primeras se involucró en el proceso emancipador.

En tales cinco obispados, México contaba con 202 parroquias, Michoacán, con 125; Puebla con 150, Guadalajara con más de 100, Oaxaca con 50, Yucatán con 76, Durango con 60, Chiapas con 45 y Linares con una cantidad similar. Para atender a los fieles, los eclesiásticos a principios del siglo XIX eran unos 2 300.[21]

Ahora compulsemos el número de los eclesiásticos involucrados a favor del movimiento en cada una de las referidas diócesis[22]: del arzobispado de México se tienen registrados a 98 sacerdotes; del de Michoacán a 93; del de Guadalajara a 36; del de Puebla a 29, del de Oaxaca a 18, del de Durango a 3; del de Linares a 3, quedando un número no pequeño, 46, sin definir su diócesis de pertenencia, lo que en total arroja un resultado de 326 clérigos.[23]

Si a ojo de buen cubero sumamos y restamos, dividiendo las 627 parroquias de los cinco obispados que tomaron parte activa en la gesta, entre los 326 clérigos seculares que militaron en el movimiento, en números redondos podríamos decir que un sacerdote, por cada dos parroquias, se involucró en él.

La cantidad aparece mucho más pequeña si nos limitamos a restarle 326 a 2300, lo cual arroja poco menos de 2000 clérigos aparentemente al margen del movimiento, y eso es del todo inexacto, pues el registro que hasta ahora tenemos ha excluido a los eclesiásticos que simpatizaron con la justa causa como dio en llamarse al legitimismo, ni a los vergonzantes, cuyo número por lo menos duplica, al de los simpatizantes del movimiento que sufrieron alguna represalia, que es de los que tenemos algunos informes.

¿Cómo explicar esta abrumadora participación de ministros sagrados y cómo se fue dando en el lapso que va del 16 de septiembre de 1810 al 28 de septiembre de 1821, es decir, del inicio a la consumación de la independencia?

Podemos adelantar estos hechos: que de mediados de 1810 a mediados de 1814, fueron los años de mayor entusiasmo y participación. Que después de esa fecha, pero especialmente luego de la ejecución de Morelos (22.12.1815) menguara el interés, podemos atribuirlo al descrédito del movimiento debido a sus no pocos excesos y a la vuelta al trono de Fernando VII (14.03.1814).

Casi todos los eclesiásticos que militaron en las trincheras emancipadoras, se acogieron al indulto, ofrecido de forma reiterada e incondicional. El caso más palpable puede ser el de Marcos Castellanos, que al cabo de varios años de valiente resistencia, evacuó el fuerte de la isla de Mezcala, no sin antes negociar una capitulación honrosa para él y sus compañeros. En los años que van de 1817 a 1820, hubo eclesiásticos activos en la lucha, focalizada casi toda en el sureste y en la Tierra Caliente.

La jura de la Constitución de Cádiz hecha por Fernando VII el 10.03.1820 alentó en menos de un año, el éxito del plan de Iguala (24.02.1821), conquistando las simpatías de los obispos, alertados por el ya declarado anticlericalismo de los constitucionalistas y la conducta errática del rey.

 

e.       Los obispos

 

I.       Arquidiócesis de México: don Francisco Javier de Lizana y Beaumont, además de arzobispo, fue virrey. Gobernó del 1802 a 1815, fecha de su muerte. Condenó el movimiento, pero no con dureza. Apoyó la excomunión de Abad y Queipo contra Hidalgo. Le sucedió don Pedro José de Fonte y Hernández Miravete, arzobispo de 1815 a 1837. Apoyó el Plan de Iguala, pero abandonó su diócesis en 1823, se negó a renunciar a ella, nunca regresó  y la dejó acéfala por espacio de 14 años, o 18 si contamos la vacante después de su muerte.

II.    Diócesis de Michoacán: Al sobrevenir el deceso de don Marcos de Moriana y Zafrilla, en 1809, la situación política de España produjo una larguísima sede vacante de más de veinte años, exceptuado el breve período de la administración de don Manuel Abad y Queipo, electo obispo por la regencia, pero nunca confirmado por Roma y menos aun, consagrado como tal. Ardoroso defensor de las reformas de estado, sólo las circunstancias pudieron orillarlo a excomulgar a Hidalgo, como su súbdito que era.

III. Diócesis de Guadalajara: durante el tiempo que nos ocupa, sólo fue gobernada por un prelado don Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, de 1795 a 1824. Fue entre sus congéneres el que más apoyó la lucha por la independencia en España; condenó el movimiento de Hidalgo pero totalmente decepcionado del trono español, a la vuelta de los años apoyó el plan de Iguala. Participó en la coronación de Iturbide y vio nacer la república federal. Aunque pudo dejar su diócesis, se negó a hacerlo.

IV. Puebla: don Manuel Ignacio González de Campillo Gómez del Valle, obispo de 1804 a 1813, condenó el movimiento. Su sucesor, don José Antonio Joaquín Pérez Martínez y Robles (1814-1829), apoyó abiertamente el plan de Iguala y conformó la Junta de Notables, que regenteó el reino a raíz de la firma del Acta de Independencia. Después de su muerte, en 1829, por espacio de tres años, no hubo un solo obispo en toda la república mexicana.

V.    Oaxaca: don Antonio Bergosa y Jordán (1801 - 1817) fue el más ardoroso defensor del legitimismo y de la causa española. Su sucesor, don Manuel Isidoro Pérez Sánchez (1819-1837), buscó mantenerse al margen de la polémica.

 

f.       El clero

 

Para hablar con cierta propiedad de los más de trescientos casos de eclesiásticos del clero secular que tomaron parte activa en el proceso de la emancipación, y de los que tenemos noticias fidedignas, es necesario considerarlos a partir de categorías, que por etiquetar, empobrecen, pero al mismo tiempo, permiten una comprensión más amplia del fenómeno. Helas aquí: precursores, conspiradores, caudillos, ideólogos, capellanes castrenses, simpatizantes, vergonzantes, detractores y opositores.[24]

 

I.       Precursores. Su número es pequeño, pero significativo. Entre ellos destaca el diácono Juan Antonio Montenegro y Arias, nacido en Sayula, en 1768. Licenciado en filosofía y teología por la Universidad de México en 1793 y vicerrector del Colegio de San Juan Bautista de Guadalajara, lo sabemos empapado de las ideas enciclopedistas francesas; defensor convencido del sistema republicano como el gobierno ideal para los territorios de la América Septentrional, a fines de 1794 fue acusado de fraguar una conspiración contra el rey. Se le condenó a diez años de destierro, y se le consideró ‘hereje’ por defender la noción de la soberanía popular opuesta al derecho ‘divino’ de los reyes para gobernar. Elaboró el primer plan del que tenemos noticia para independizar a la Nueva España de  “unos reyes que ilegalmente poseen estas tierras, ya que las han tomado por la fuerza”. En 1801 pidió y obtuvo licencia para ordenarse presbítero.

II.    Conspiradores. Su numero no es muy numeroso, pero sí importante. Encontramos dos categorías: los eclesiásticos que tomaron parte en los movimientos secretos que aspiraban a formar Juntas Patrióticas Locales, y los que fraguaron complots en contra del gobierno. Al primer caso pertenece don José Rafael Gil de León, presbítero del clero de México, que siendo párroco de Santiago en Querétaro, y llevando una gran amistad con don Manuel Domínguez, el corregidor, tomó parte en la conspiración que se fraguó en esa capital para inducir a la resistencia en contra de los peninsulares que legitimaban al usurpador José I, sin embargo, él mismo se vio orillado a denunciar el complot, a consecuencia de las revelaciones que le hizo del asunto un traidor. Fue arrestado junto con la esposa del corregidor, a mediados de septiembre de 1810. Se le envió a la Ciudad de México para ser juzgado, pero no mucho después murió. El segundo caso es el de quienes colaboraron para tomar medidas más radicales, como el canónigo don Santiago Guevara, del Cabildo Eclesiástico de México, que tomó parte, en abril de 1811, en la conspiración para secuestrar al virrey Francisco Javier Venegas y establecer un Gobierno independiente en estos territorios.

III. Caudillos. Son los más reconocidos y notorios y hasta pasan por ser los únicos. Su participación activa en la dirigencia bélica los acredita como caudillos: Hidalgo, Morelos, Matamoros, Torres, Moctezuma, Mercado, Castellanos. Son, también, los más historiados. Sus biografías estás plagadas, como efecto del romanticismo decimonónico, de maniqueísmo sectario y hagiografía nacionalista. Son ángeles o son demonios. En nuestros días se cuenta también otra vertiente narrativa, la novelada, que los denigra o al menos excluye su condición de ministros sagrados o hasta se regodea exhibiendo sus limitaciones humanas. Los sacerdotes caudillos de la insurgencia fueron patriotas valientes y eclesiásticos coherentes, de catolicismo acendrado, que dieron su vida por su fe y por la búsqueda del bien común.

IV. Ideólogos. Tomaron parte en el movimiento, en su desarrollo, en su institucionalización. Fueron teóricos visionarios, optaron más por las ideas que por las armas. Propusieron instrumentos jurídicos y normativos, y sistemas disciplinares. Entre ellos figuran José Sixto Verduzco, presbítero del clero de Michoacán, doctor en leyes por la Universidad de México, catedrático del Seminario, miembro de la Suprema Junta Nacional Americana, de la que fue el jurista. Promovió el primer intento de gobierno independiente en la América Septentrional hispana y redactó no pocos de los artículos de la Constitución de Apatzingán, la primera de Hispanoamérica. Miguel Ramos Arizpe, presbítero del clero de Puebla, no participó en la lucha armada por la insurgencia, pero sí la apoyó en cuanto le fue posible desde su curul como diputado, y desde su reclusión como preso político en España. Doctor en filosofía, cánones y leyes por la Universidad de Guadalajara, fue electo diputado para las Cortes de Cádiz, siendo uno de sus grandes ideólogos. Fue de los redactores de la Constitución Federal mexicana de 1824.

V.    Capellanes castrenses. Este es uno de los capítulos dignos de estudio acerca de este tema, que siguen en el tintero, en torno a la legitimidad canónica o no, de los ministros sagrados que asumieron o acataron medidas disciplinares eclesiásticas reservadas a los obispos, como son las dispensas de irregularidades canónicas, las visitas pastorales o la habilitación para nombrar oficios y dignidades. Los Vicarios Castrenses en las zonas dominadas por la insurrección, ejercieron tales facultades, y tuvieron al menos en esos lugares, cierta jurisdicción sobre el clero. Dependían de ellos los capellanes castrenses, ministros que no tomaban parte en las acciones de guerra para no quedar inhabilitados en su ministerio. Los caudillos contaban con sus capellanes y confesores, como don Miguel Gómez, del clero de Puebla, que siendo párroco de Petatlán, se adhirió a la causa insurgente en noviembre de 1810. Obtuvo el grado de brigadier, ejerciendo su ministerio como cura castrense y confesor de Morelos, en compañía del cual fue herido en las cercanías de Valladolid, y pasado por las armas el 24 de diciembre de 1813, no obstante la gravedad de sus lesiones.

VI. Simpatizantes. Se trata de aquellos que apoyaron el movimiento de forma discreta pero efectiva. Los hubo de tres tipos: los que nunca lo manifestaron abiertamente, pero no perdieron oportunidad de expresar su simpatía, los que en sus comentarios externaron lo que pensaban en su fuero interno y por lo mismo sufrieron denuncia como apóstatas (desobedientes a su prelado) o infidentes (desleales al rey). por último, los que disfrazaron ingeniosamente sus preferencias. El primer caso es el de don Diego de Álvarez, presbítero del clero de México, sabio y polígrafo, que a los dieciséis años concluyó los cursos de filosofía, teología y ambos derechos en el Seminario de Guadalajara, de donde pasó a la capital del virreinato, en cuyo Seminario Conciliar dio clases de derecho civil y canónico. Fue párroco de Santa Cruz Acatlán y San José y uno de los escritores más fecundos de su época, tratando de toda suerte de materias. Era tan grande su prestigio, que aun cuando simpatizó con la insurgencia, no fue molestado por la suspicacia del gobierno virreinal, y bajo la república gozó de grande estima y reconocimiento. En el segundo caso está don José Francisco López de Lara, presbítero del clero de México, procesado en 1811 por sostener conversaciones sediciosas en su casa, y siendo por ello condenado al exilio en España, a disposición del Gobierno de la Regencia. Su acusadora, María Guadalupe Robledo, dijo:  “Que habiendo ido el miércoles de la se­mana anterior a la casa del presbítero Lara a cobrar una libranza de 150 pesos, le pre­guntó aquél si en Querétaro se creía la pri­sión del cura Hidalgo y de Allende, a que le contestó la declarante que las personas de conducta la creían y las malas no, habiendo replicado el padre Lara que él sí sabía dónde estaba Allende y lo que sucedía era que donde se hallaba ya no entendía en lo mi­litar sino en lo civil: que entonces el Lic. Esquivel dijo que ya iba creyendo la prisión de Hidalgo y de Allende por el silencio que había y que respondió al padre Lara que aun­que había silencio, en el mes de diciembre se sabría ya de Hidalgo y principalmente de Allende: que en este acto dijo Esquivel que él sí sabía todo lo que se tramaba en México y de antemano lo que iba a suceder al excelentísimo señor Virrey, que en su mano había tenido las causas formadas a los eclesiásticos y que era una vergüenza que se hubiera metido en ella un licenciado si no lo había de haber hecho bien: que como la conversa­ción resultó larga no podía hacer memoria de cómo se fue hilando toda ella, pero que sí se acordaba que el padre Lara dijo que todos los insurgentes eran sus amigos, que tenía esperanzas en el padre Morelos de que había de venir a ganar a México, que llevaba ya ganadas dieciocho victorias, que estaba ya cerca de Puebla, que él había tenido muchos pa­peles muy buenos de todos los insurgentes, pero que todos los había quemado por mie­do de que no lo fueran a aprehender con respecto a que sabía lo  “traían ya entre ojos “, y que si lo cogían y le hallaban los papeles no podría negar, pero que los tenía en la memoria, donde no se los podía sacar nadie...”. El tercer caso corresponde a don Ignacio Vicente Arévalo, discípulo de Miguel Hidalgo en el Colegio de San Nicolás, el cual, siendo párroco de La Asunción Malacatepec (hoy villa Donato Guerra), fue procesado por infidencia en 1811. En 1817 se sobreseyó su causa por no habérsele acreditado el delito, sin embargo, se sirvió de una ingeniosa treta para mantener viva su simpatía por la causa insurgente: celebraba con grandísimo boato la fiesta litúrgica del arcángel san Miguel, cada 29 de septiembre, pero dedicándosela al prócer que tuvo por mentor.

VII.          “Conversos”. Pongo este nombre entre comillas. Es el caso de aquellos sacerdotes que habiendo predicado y actuado en contra de la insurgencia, terminaron por abrazarla, convencidos de la legitimidad de la lucha. El caso más sonado debe ser el de José María Cos, del clero de Guadalajara, doctor en teología, de gran talento e ingenio fecundo, el cual pasa de ser defensor de la permanencia del trono español en América a ideólogo de la insurgencia y hasta asesor de la Suprema Junta Gubernativa de América. Militando ya entre los insurgentes, redactó un documento primordial el  “Plan de Paz y el Plan de Guerra “, que la Junta hizo circular con profusión, fundó los periódicos el Ilustrador Nacional y El Ilustrador Americano. Actuó como Vicario Castrense, fue diputado ante el Congreso de Chilpancingo y firmó la Constitución de Apatzingán, ocupando luego uno de los escaños del Poder Ejecutivo.

VIII.       Vergonzantes. Se trata de los sacerdotes que habiendo simpatizado con la insurgencia y aun tomado parte en ella, solicitaron o se acogieron al indulto, por diversas circunstancias: por desencanto –las luchas intestinas entre los líderes de la insurgencia fueron grandísimas-, por haberse removido las causas que los llevaron al campo de batalla, principalmente la vuelta de Fernando VII al trono español en 1814, por fatiga extrema, o simplemente por miedo. El caso más sonado es, sin duda, el de don Francisco Severo Maldonado, párroco del clero de Guadalajara, doctor en teología por la Universidad de esa ciudad, del que Jesús Silva Herzog dejó dicho: ‘nadie en México, a principio de la tercera década del siglo XIX le aventaja en hondura y claridad de pensamiento”, ardoroso partidario de la Independencia de México, que a instancias de Miguel Hidalgo editó en Guadalajara, en 1810, el primer periódico insurgente de la América española,  “El Despertador Americano “, pero que después de la derrota del Puente de Calderón, debió trocar en otro de corte realista, El Telégrafo, donde se retractó de lo antes dicho. Profundo conocedor del fisiocratismo económico, diputado a las Cortes españolas, participó en la redacción del primer Proyecto de Constitución mexicana y escribió ‘El triunfo de la especie humana’ y ‘Contrato de asociación para la República de los Estados Unidos de Anáhuac’, donde propone la organización igualitaria de la Sociedad. En ambos textos señalaba la urgente necesidad de lograr una verdadera justicia social por medio de instrumentos legislativos que condujeran a la organización del nuevo país.

IX. Simpatizantes de última hora. Si el proceso de la emancipación tiene etapas, siendo la primera la más intensa para el estudio que les expongo, la última no lo es menos, y se relaciona con la conjura encabezada en España por el coronel Rafael del Riego nada más comenzaba el año de 1820, y la proclamación del Plan de Iguala, el 24.02.1821. En ese lapso de un año, los platos de la balanza de muchos indecisos, profundamente desencantados de la ineptitud del Gobierno español, optaron por la independencia, tal y como ya se dijo, sucedió al obispo de Guadalajara, don Juan Cruz Ruiz de Cabañas, intelectual brillante, que fue rector del Colegio Mayor de San Bartolomé, canónigo magistral de Burgos y rector de su Seminario Conciliar, que ya siendo obispo se distinguió por su solicitud pastoral, dotes para la administración, celo por la salud espiritual de sus fieles, a quienes visitó, no obstante las grandísimas dificultades para ello, y cuyo apoyo a la independencia de España, a mediados de 1808, fue ilimitado. Su obra cumbre fue el establecimiento de una Casa de Misericordia. Dio su espaldarazo al Plan de Iguala y apoyó la consumación de la independencia de la intendencia de Guadalajara. Más de fuerza que de grado, como él lo dice en uno de sus escritos, ciño la corona imperial a Agustín I, que le dio el título de Limosnero Mayor. Vio nacer la República Federal y no obstante su quebrantada salud, en junio de 1824 se dispuso a visitar pastoralmente el noroeste de su obispado, falleciendo en un humilde caserío, La Estancia de los Delgadillo, el 28.11.1824.

X.    Opositores. No estuvieron de acuerdo con el movimiento, lo condenaron desde el púlpito y en privado. El repertorio de este género, si hurgamos en los archivos, es no menos extenso a los simpatizantes. Sólo se le menciona por no ser nuestro tema. Algunos entre ellos empuñaron las armas para combatir a los insurgentes. Únicamente cito a don Manuel Álvarez, párroco de la diócesis de Guadalajara, del que se han escrito horrores, no sabemos cuánto basados en la verdad de los hechos, o cuánto en la animadversión maniquea de la retórica del siglo XIX. Sus detractores se llenan la boca dándole el apodo de “el cura Chicharronero”, porque, dicen, tuvo fama de cruel y de disponer que algunos prisioneros fueran quemados vivos.

 

3.      Epílogo: el clero diocesano después de la independencia

 

Como signo de los nuevos tiempos, a raíz de la jura del acta de la independencia del imperito mexicano, el 28 de septiembre de 1821, una Junta Provisional Gubernativa quedó constituida como el primer órgano de gobierno del México independiente. De sus treinta y siete integrantes, encabezados por el obispo de Puebla, don Antonio Joaquín Pérez Martínez, apenas seis eran clérigos, sin contarlo a él: el canónigo don Manuel de la Bárcena, del obispado de Michoacán, el canónigo don Matías Monteagudo, rector de la Universidad de México, el párroco de El Sagrario Metropolitano, don Miguel Guridi y Alcocer, el párroco de Mascota, del Obispado de Guadalajara, don Francisco Severo Maldonado; el presbítero don José Manuel Sartorio, del clero de México, y don Ignacio Icaza, que habiendo sido jesuita ya en ese momento estaba dispensado de su ministerio. Los demás eran abogados, aristócratas pero, principalmente, militares.

Durante los siguientes diez años la Sede Apostólica quedó maniatada para proveer de obispos las sedes vacantes de las diócesis del recién nacido estado, siéndole diplomáticamente imposible reconocer la Independencia del Imperio mexicano ante la tozudez y rechazo del también llamado Rey Felón, llegándose al límite de permitir que quedaran acéfalas todas las Iglesias particulares de estas latitudes.

Agravó no poco lo que pasaba la huída del titular del importantísimo arzobispado de México, don Pedro Fonte, el cual abandonó su sede en 1823, refugiándose en España, donde murió en 1837, sin renunciar a su mitra, de modo que su sucesor no pudo tomar posesión de su oficio sino hasta 1840. Esos casi veinte años de vacío de autoridad en la silla metropolitana no son ajenos a los acontecimientos de los que derivarán tantos desaguisados en los años venideros.

El doloroso enfrentamiento que entrampó a la Iglesia en la polémica de dos bandos opuestos, la cual se quiso sajar mediante la promulgación de las leyes de reforma, ciertamente liquidó los vestigios del antiguo régimen, pero el decretar la disolución de las órdenes religiosas, exclaustrar a sus integrantes, rematar y destruir su patrimonio y secularizar a sus clérigos, no fue una medida que dañara o destruyera a la Iglesia, antes bien, pasó todo lo contrario, pues se redobló la autoridad de los obispos, en poco tiempo se triplicaron el número de diócesis en el país y el clero diocesano obtuvo un lugar principalísimo, como nunca antes, y, lo más importante de todo, por vez primera, la separación entre la Iglesia y el Estado se atisbaba como una realidad posible, esto hasta antes de 1914, etapa que es harina de un costal distinto a las pretensiones de este apunte.

 

Conclusiones

 

·        Hasta el momento se tiene documentada la participación de medio millar de clérigos y religiosos en la lucha de la que derivó la búsqueda por la emancipación de lo que hoy es México, trescientos cincuenta de los cuáles formaba parte del clero secular o diocesano.

·        La participación del clero secular en este proceso fue un caso atípico en los dominios de España en este continente, y en buena parte se explica por el grado de madurez de la amalgama cultural iniciada tres siglos antes por los misioneros de las órdenes religiosas y retomada por las iglesias particulares o diócesis desde los últimos lustros del siglo XVI, uno de cuyos frutos resultó ser el clero nativo.

·        La presencia de caudillos clérigos en el movimiento de emancipación en estas latitudes favoreció dos tendencias: la búsqueda de un estado de derecho, representado por la Constitución de Apatzingán, y el haber diferido el ascendiente que en el centro y en el cono sur americanos tuvieron los caudillos de extracción miliciana.

·        El análisis de la participación activa de los ministros sagrados en el debate que produjo la independencia nacional -fuera desde las trincheras o desde la divulgación de las ideas, o en ambas-, sufrió la polarización artificiosa de dos adjetivos propios de bandos inexistentes antes de marzo de 1814: “insurgentes” y  “realistas”. Tales términos resultan arbitrarios aplicados a rajatabla a la fase germinal del movimiento y hasta hoy han mutilado la apreciación integral en torno a la toma de postura de los sacerdotes en ese proceso.

·        Tanto a favor como en contra de esta meta, la presencia de los eclesiásticos no fue considerado en su tiempo un acto de rebeldía a la disciplina eclesiástica o de repudio al derecho canónico, mucho menos de rechazo a la fe católica.

·        Es alentador que a dos siglos de distancia la investigación académica, en fechas recientes, haya inaugurado una veta que producirá sin duda un balance serio acerca del protagonismo ejercido por los clérigos que participaron en la lucha por la insurgencia, sin excluir, como hasta ahora, el connato de un cisma entre los eclesiásticos insurgentes ni la organización y encabezamiento de grupos de defensa de las poblaciones, llevada a cabo por los párrocos para repeler a los sediciosos, o las acciones de quienes sin recurrir a las armas condenaron el movimiento desde el púlpito, la cátedra o la letra impresa, temas estos hasta el momento inexplorados.



[1] Trabajo presentado el 30 de junio del 2010, en el marco de la II Asamblea de Educación  de la Provincia Eclesiástica de Tijuana.

[2] La participación política del clero, estado, Iglesia y poder en el México independiente (1996), El ocaso del proyecto de “nación católica” patronato virtual, préstamos, y presiones regionales, 1821- 1856 (1999), Clerical idiology in revolutionary age: Guadalajara church and the idea of the Mexican nation, 1788-1853 (2003), entre otros.

[3] Suyos son los libros Clero y política en Oaxaca: biografía del doctor José de San Martín, así como El Cabildo Catedral de Antequera, Oaxaca y el movimiento de insurgentes.

[4] Artículos suyos son: Pública utilidad o causa pública: la utilidad de los conventos de la provincia de Veracruz, 1786-1834”, “Sospechosos comunes: los frailes de Veracruz bajo la vigilancia del gobierno federal, 1824-1833”, “Un obispado para Veracruz, 1799-1846: del honor de la ciudad a la lealtad al Estado”, “Una elite católica en Veracruz (1820-1834)”, y el que aparece después del presente.

[5] Cf. Especialmente González, Luis, “El incendio de los curas”, en Nexos, septiembre del 2002.

[6] Cf. Bula Inter Caetera.

[7] Recibió las órdenes menores por la diócesis de Lérida. Fue secretario del arzobispo de Zaragoza don Juan de Aragón, de donde pasó al servicio de la Real Cámara de rey Fernando II, quien lo hizo su representante en Francia para dos misiones diplomáticas, una en 1476, otra, diez años más tarde; comisario general de las galeras del almirante Bernat II de Vilamarí, sacerdote ermitaño en Montserrat, vicario general de la orden de los mínimos en España, compañero de Cristóbal Colón en su segundo viaje a América, el papa Alejandro VI lo nombró nuncio secreto ante los reyes católicos (1497). Murió siendo abad comendatario del Monasterio de San Miguel de Cuixá.

[8] Hoy el lugar se conoce como La Isabela Histórica, y forma parte del municipio de Luperón, en la República Dominicana.

[9] Cf. De la Hera, Alberto, “Las primeras diócesis americanas”, Memoria del X Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, Volumen 1, Instituto Internacional de Historia del Derecho, UNAM, México, 1995, p. 587.

[10] No es desdeñable la presencia en estas latitudes, desde 1615, de los dieguinos.

[11] Cf. Rosenblat, Ángel; Tejera, María Josefina, El español de América, Fundación Biblioteca Ayacucho, 2002, p. 98.

[12] Las diócesis hispanoamericanas se fundaron con gran rapidez: las tres primeras, como ya se dijo, en 1511. La primera continental fue la de Santa María de la Antigua, del Darién, trasladada a Panamá en 1513; luego, Santiago de Cuba (1517), Puebla (1519) y Tierra Florida (1520). Clemente VII erigió México, Nicaragua, Venezuela, Comayagua y Santa Marta en 1531, así como Cartagena de Indias (1534). Paulo III creó Guatemala (1534), Oaxaca (1555), Michoacán (1536), Cuzco (1537), Chiapas (1539), Lima (1541), Quito (1546), Popayán (1546), Asunción (1547) y Guadalajara (1548). Julio III la diócesis de la Plata (1552). Pío IV Santiago de Chile (1561), Verapaz (agregado a Guatemala en 1603), Yucatán (1561), Imperial o Concepción (1564), elevando a la dignidad metropolitana a Santa Fe de Bogotá ese mismo año. San Pío V erigió Tucumán (1570) y Gregorio XIII Arequipa (1577), Trujillo (1577) y Manila (1579), sufragánea de México hasta 1595. En el XVII se crearon cinco nuevas diócesis, siglo y medio más tarde se fundan ocho más con lo cual alcanzaron la dignidad archiepiscopal Charcas (La Plata o Sucre) (1609), Guatemala (1743), Santiago de Cuba (1803) y Caracas (1803).

[13] El proyecto iniciado ocho siglos antes por Carlomagno, quien intentó restaurar la unidad del Imperio bajo su cetro y el reconocimiento del Romano Pontífice como vínculo de fe común

[14] Es de lamentar que cierto pruritos del tiempo cortaron el interés de promover al orden sagrado a los indios. A cambio de eso se procuró que los pueblos de indios fueran atendidos por ministros sagrados que dominaran las lenguas vernáculas de cada lugar.

[15] México, Guadalajara, Puebla, Veracruz, Mérida, Oaxaca, Guanajuato, Valladolid, San Luis Potosí, Zacatecas y Tlaxcala.

[16] Nuevo León, Nuevo Santander, Coahuila y Tejas.

[17] Durango, Arizpe y Nuevo México.

[18] La Antigua o Baja, y la Nueva o Alta.

[19] Esos cálculos da Fernando Navarro y Noriega en su Estado de la población del reino de Nueva España en el año de 1810, s.p.i. y tuve acceso a ellos gracias al doctor Francisco Barbosa Guzmán y a la maestra Glafira Magaña Perales.

[20] Salamanca, Madrid, Valladolid, Barcelona, Zaragoza, Santiago de Compostela, Valencia, Sevilla, Granada y Oviedo.

[21] Cf. De la Torre Villar, Ernesto, “La Iglesia en México: de la guerra de independencia a la reforma”, en Estudios de historia moderna y contemporánea de México, José Valero Silva, editor, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, v. I, 1965, p. 10.

[22] Todos estos datos están espigados del Diccionario de Eclesiásticos en la insurgencia de México, De Híjar, Tomás y Aquino, Carlos, Departamento de Estudios Históricos de la Arquidiócesis de Guadalajara, 2010.

[23] Las principales órdenes religiosas existentes en este momento eran las de los dominicos, franciscanos, agustinos, carmelitas y mercedarios con un total de 149 conventos y 1931 religiosos. Los religiosos que simpatizaron con la insurgencia de los que tenemos informes fueron de los Hermanos Menores, 62; de los franciscanos descalzos, 12; de los dominicos, 13; de los Agustinos, 17; de los Mercedarios, 16; de los Carmelitas, 3; de los Filipenses, 8; de los Betlemitas, 2; de los Hipólitos, 2, habiendo un número de religiosos sin identificar que asciende a 20, en total, 155.

[24] Reconozco al doctor Jaime Olveda el haberme inspirado en su estudio “Mujeres en guerra. 1810-1821”, aun inédito pero de publicación inminente, esta forma de tratar a una colectividad humana.

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