“La justicia de la causa”

Razón y retórica del clero insurgente de la Nueva España

Ana Carolina Ibarra

Pocos procesos insurgentes de la época se han identificado tan plenamente como el mexi­cano con la imagen mítica del cura revolucionario. Investigar las bases de esta metáfora es el cometido de este ensayo. Preguntarse acerca del verdadero alcance de la participación de los eclesiásticos, las peculiaridades de su liderazgo, los motivos y los ar­gumentos de los que se sirvieron para justificar sus acciones. Sin ninguna pretensión comparativa, es sin embargo consciente de un horizonte hispánico, de una cultura católica común, de sociedades en las que los curas eran mediadores por naturaleza, con­texto a partir del cual es posible realzar con mayor certeza las singularidades del caso novohispano.

“¿Qué diremos de los rayos que con tanto estrépito se han arrojado contra los americanos porque siguen un partido justo y unos derechos incontestables? Tal vez por esta pregunta levantan el grito algunos realistas que nos tratan como herejes. Escucharemos con dolor y sentimiento sus declamaciones, pero nuestras conciencias permanecerán seguras y tranquilas, mientras los defen­sores y aduladores de España no prueben que es injusta la insurrección mexicana”.

Desde que el párroco de Dolores tomó en aquel septiembre de 1810 la imagen de la Virgen de Guadalupe como su estandarte, la insurgencia mexicana fue asociada con el liderazgo de los curas. Ward se refirió a ella como “la rebelión del clero”, apreciación que fue compartida contemporáneamente por Lorenzo de Zavala. Lucas Alamán sostuvo que el movimiento insurgente se sustentaba prácticamente en la participación y liderazgo de los curas. Varias décadas después, la obra de Mariano Cuevas insistió en que tres cuartas partes del clero habían estado a favor de la insurgencia. La percepción era a todas luces exagerada, pero sirva ésta para alimentar la imagen mítica de los curas caudillos con el estandarte guadalupano que es el punto de partida de la metáfora revolucionaria.

En este ensayo voy a preguntarme acerca de cuál fue el verdadero alcance de la participación de los eclesiásticos en la insurgencia mexicana y de cómo éstos justificaron su proceder en la guerra. En la Nueva España, la presencia de los curas es particularmente notoria pues, aunque ciertamente en el resto de la América española los eclesiásticos tuvieron una presencia muy relevante, en pocos casos existe una identificación tan plena con el movimiento. Y es que, entre otras cosas, en el virreinato de la Nueva España la guerra dividió a la Iglesia en dos bandos que se enfrentaron con enorme violencia. Hubo grandes pérdidas de vidas, en tanto los principales curas revolucionarios fueron conducidos al cadal­so en un escenario dramático de derrota y muerte. En ese contexto, el tema de la religión, que no puede considerarse desde luego como una causa del levantamiento (que tuvo raíces económicas, sociales y políticas), estuvo de todas formas en el centro del debate puesto que en gran medida los argumentos y la justificación de la insurgencia provenían de motivos y fuentes de origen eclesiástico.

Ahora bien, no podemos ignorar el hecho de que la implantación de la Iglesia en la Nueva España era mucho más fuerte que en otros virreinatos, tanto por el número de clero como por su estructura y capacidad de operación en distintos terrenos. Como en pocos otros lugares del mundo colonial, la Iglesia novohispana había conseguido crear estructuras sólidas en nueve obispados, de los cuales cuatro o cinco poseían rentas altísimas que les permitían no sólo llevar al máximo el esplendor del culto divino, sino articular y dirigir redes económicas muy poderosas. La Inquisición de México, con una jurisdicción que alcanzó hasta Panamá, aún cuando no había dado lugar a procesos que llevaran a penas extremas, constituía un siste­ma de inteligencia que, cuando hubo necesidad, pudo mostrar que era dueña de los anteceden­tes e historial sobre la conducta de una gran cantidad de gente. Por otra parte, la extensa red de seminarios y colegios de la Nueva España desempeñaba un papel fundamental al impartir una buena formación a un clero muy nutrido que contaba con una vasta cultura teológica.

                        Desafiar el poder de tan enorme aparato, fue una empresa sin duda muy osada. Máxi­me cuando la Iglesia instituida estaba dispuesta a traer en su auxilio algunas armas que ponían en tela de juicio la conciencia y compromiso católico de los curas rebeldes. Las excomu­niones, las condenas de herejía, la abolición del fuero eclesiástico (que les permitía fusilar inmediatamente a los curas que hallaran con las armas en la mano) y la permanente extorsión de las conciencias, formaron parte importante de la política virreinal para batir a los rebel­des. Aunque aparentemente indefensos frente al aparato institucional, los curas insurgentes consiguieron revertir por algún tiempo a su favor, con armas y argumentos, el hostigamiento de las fuerzas realistas. Acaso el rol de mediadores que por naturaleza desempeñaron en una sociedad en la que la Iglesia ocupaba un sitio central, les permitió actuar como catalizadores de los múltiples agravios de las poblaciones y del propio clero, y por consiguiente obtener una gran legitimidad. Aún así, tratándose de curas que habían tomado las armas, ¿no estaban particularmente obligados a dar una explicación sobre los motivos de un levantamiento que los condujo a romper con la figura del monarca, a desconocer a las autoridades eclesiásticas y a derramar la sangre de las poblaciones? ¿Se trataba de curas sin vocación como lo sugirieron algunos contemporáneos, o de curas capaces de persuadir y argumentar a favor de su causa? En las páginas que siguen voy a tratar de contestar algunas de estas preguntas.

1.          De la participación del clero en la insurgencia

La insurrección comenzada por un eclesiástico tuvo desde el principio muchos indi­viduos del clero secular y regular entre sus principales jefes, y en el periodo que hemos llegado (1812), ésta casi se sostenía por ellos; pues si se hace abstracción de esta clase y de algunos pocos hombres de suposición que en el Sur se habían alistado bajo sus banderas, no quedarían figurando en ella más que hombres sacados de las más despreciables clases de la sociedad, muchos de ellos conocidos por sus crímenes.

Dos son las cuestiones en las que insiste el historiador Alamán en las líneas que acabo de citar. La primera, se refiere a la presencia de los sacerdotes, amplia en número y decisiva en cuanto a liderazgo. La segunda, tiene que ver con su apreciación de la calidad de la parti­cipación en las filas insurgentes; gente de”las más bajas clases”, criminales y ladrones. Pero además, para Alamán, de los muchos eclesiásticos que tomaron partido en aquella causa, la mayoría eran “hombres corrompidos de costumbres”, y entre los regulares se trató de “los más malos de cada convento”. Aunque los hombres más “atroces y sanguinarios” eran de esa profesión, “la veneración que el pueblo les tuvo hace pensar en que no existía batalla en la cual no estuviese al frente un eclesiástico”.

La descripción invita a un análisis pormenorizado del asunto. Los cálculos recientes establecen que la participación de los curas que actuaron en el bando rebelde entre los años de 1810 y 1820, se acercaba más o menos a un 10% del total. Se trata de un porcentaje signifi­cativo, pero que de ninguna manera le concede un papel exclusivo al clero y menos podemos pensar que el clero en su conjunto, ni siquiera la mayoría del clero, estuviese a favor de la causa americana. Por otra parte, respecto al otro aspecto del análisis de Alamán, de que se trataba de curas sin vocación, de lo que hoy conocemos de la formación, relaciones y mundo intelectual de los dirigentes (Hidalgo, Morelos y por lo menos una docena más de sus correligionarios), no es posible pensar que eran curas sin vocación, sino que una parte importante de ellos eran intelectuales sensibles, y además, curas preocupados por la religión. En esa medida, salvo rarísimas excepciones, nunca renegaron de sus creencias y tampoco desearon apartarse de la Iglesia. Lo anterior no exime que algunos de ellos fueran teólogos críticos, que otros hubiesen cometido faltas que los obligaron a justificarse, ni que en plena guerra otros más se manifesta­ran a veces de manera escandalosa con irregularidades y excesos de toda clase.

A.        El clero realista

Acerca del resto del clero, hoy sabemos que su participación no sólo no se ubica en las filas insurgentes, sino que muchos sacerdotes optaron por el campo realista. El primero en elaborar una lista de los más prominentes curas que pelearon del lado realista fue José Bravo Ugarte, quien ubica más de treinta eclesiásticos, entre los cuales se encuentran miembros del clero secular y regular. El historiador jesuita señaló, para sorpresa de muchos, que hubo un número mayor de eclesiásticos en las filas realistas que el de aque­llos que militaron en las filas insurgentes, pero curiosamente no se ocupa en su nómina de la alta jerarquía, probablemente porque da por descontado que éstos necesariamente pertenecieron a ese bando, aunque no está demás volver a ellos.

Es importante aludir a la actuación determinante de los obispos. Fueron ellos quienes convocaron no sólo a la feligresía católica a defenderse con las armas en la mano, sino a los sacerdotes para que tomasen el liderazgo. El obispo Antonio Bergosa y Jordán, primer obispo de Oaxaca y luego arzobispo de México, convocó a sus diocesanos a defenderse por sí mismos y a no esperar que ocurrieran milagros. “A las armas, amados diocesanos míos, que en una guerra de religión, todos debemos ser soldados”, los convocó desde el púlpito, asignando a los curas el papel dirigente. Sus primeras cartas pastorales, del 8 de octubre y del 10 de diciembre de 1810, dieron la pauta para la promoción del liderazgo de los curas, y su primer edicto contra los insurgentes justificó plenamente el que los curas abrazaran las armas. Bergosa se expresaba en el tenor siguiente:

“...si algunos curas malos han dado el mayor impulso a sus armas, salgan en contra­posición algunos de nuestros curas buenos, para lo cual declarando ser guerra en que todos debemos ser soldados, permito y apruebo que los curas y vicarios, que han dejado proveído el pasto espiritual de sus curatos, se sientan con valor y fuerzas corporales necesarias, además de animar y excitar a sus feligreses en tan justa guerra, puedan voluntariamente tomar las armas y capitanearlos...”.

El edicto establecía también que todo aquel que no se opusiera a la seducción de los insurgentes sería castigado con la excomunión. Es decir, la pasividad también era castigada.

Una red de relaciones se tendió desde el arzobispado hacia las tierras del sur, en el entendido de que Morelos y otros insurgentes tenían cuernos y cola. La correspondencia entre el prelado y los curas de varias parroquias en las inmediaciones de Acapulco y Pinotepa, así permiten adivinarlo. A comienzos de 1811, el presbítero Ignacio de la Peña escribía desconsolado a su obispo: “el fuego de la insurrección lo tenemos tan cerca..., comentaba desde la Costa Chica, díganos, vuestra ilustrísima señoría ¿qué hacemos si la insurrección sigue?”. Contemporáneamente, desde Pinotepa del Rey, el cura Robles relataba la forma en que Morelos iba adueñándose de la costa del Pacífico. En la mitad de una batalla, Morelos había exhortado a los contendientes a no herir a nadie, a que no se mataran entre sí puesto que eran todos fieles cristianos. Y de pronto, en medio del campo de batalla, se había escu­chado una voz ronca gritando “viva la Virgen de Guadalupe”. El ruido de cañón precedió a la dispersión de la tropa que se retiró exaltando a la Virgen, y “los mismos soldados cuentan que todos estaban ahora “a la devoción de los insurgentes”.

Sabemos bien por la correspondencia cruzada entre Morelos y Bustamante en 1813 que muchos curas de pueblo de la Costa Chica no tuvieron empacho en agitar una guerra de castas entre las poblaciones del sur, lucha que por lo demás era alentada desde el arzobispado. El papel de estos curas pueblerinos fue fundamental para revertir la presencia insurgente entre Pinotepa, Jicayan y Chilapa, si no es que más lejos. Una idea del alcance de las rela­ciones al interior de las fuerzas que involucraban al clero realista, nos la ofrece un elocuente testimonio de Carlos María Bustamante a este respecto. Con base en la correspondencia entre el arzobispo y el cabildo interceptada por los insurgentes, Bustamante deplora:

“La sangre que se ha derramado y derrama aún en la costa de Xicayan es efecto de la poca política de aquellos curas, según informa el señor comandante Terán. ¿Y cómo podrá VSI ver con tranquilidad aquella sangre de infelices derramada como si fueran bestias, movidos al antojo de un mal párroco que abusa de la estupidez y miseria de estos desdichados que apenas saben si existe un dios en los cielos y un Fernando en la fortaleza de Valencay? ...Dígame VSI ¿Qué clase de monstruos, desconocidos entre las fieras de África son los que obran de este modo y nos preparan tamaña ruina?”.

En un virreinato en el que todos los obispos sin excepción se pronunciaron desde el comienzo en contra de la insurrección, gran parte de los ministros deben haberse sentido obligados a secundar a sus pastores. Por iniciativa del arzobispo virrey Francisco Javier Lizana y Beaumont, en 1811 los obispos fueron encargados de formar las Juntas de Policía y Buen Orden con participación de miembros del resto de las corporaciones; algunos de los prelados conformaron y encabezaron regimientos de eclesiásticos, notablemente el obispo Cabañas de la Nueva Galicia, y Bergosa y Jordán de Oaxaca. Más conciliadora fue la actuación de los criollos González del Campillo de Puebla y Castañiza de Durango, pero aún ellos secundaron los bandos de excomunión y lanzaron pastorales para atacar a los rebeldes.

El obispo electo de Michoacán fue el primero en abrir fuego en el terreno de las excomuniones. Aunque Abad y Queipo era un gran liberal y había manifestado su sensibilidad a los problemas sociales de la época, fulminó a su antiguo amigo, el cura de Dolores, por haber encabezado el levantamiento. El edicto del 24 de septiembre de 1810 sentó un pre­cedente para esta política que tan útil iba a resultar para el bando realista. Sólo otra medida iba a ser tan agresiva: la publicación del bando del 25 de junio de 1812 que declaró reos de jurisdicción militar a todos los que hiciesen resistencia a las tropas del rey, fuesen éstos “de cualquier clase o condición”. Con ello, la Iglesia atacaba el mayor privilegio eclesiástico: al autorizar que fueran fusilados inmediatamente aquellos sacerdotes capturados con las armas en la mano, sin mediar el proceso de las Jurisdicciones Unidas y la ceremonia de degrada­ción, la alta jerarquía hacía expedita la justicia real sobre los curas insurgentes. No era la primera vez que este privilegio era amenazado. En 1795 entre las diversas medidas borbónicas que afectaron a la Iglesia, estuvo el ataque a la inmunidad eclesiástica. La diferencia es que entonces el conjunto del clero, encabezado por los cabildos eclesiásticos, reaccionó en contra de la disposición de la Corona hasta conseguir que ésta diera marcha atrás. Entre aquellos que manifestaron su oposición a la medida, figuraba el entonces deán del cabildo valliso­letano, Manuel Abad y Queipo, que redactó personalmente la representación de la catedral de Valladolid en 1795. En cambio en 1812, como obispo electo, defendió la abolición de la inmunidad. Igual que en 1795, en 1812 la reacción y malestar del clero se hicieron sentir. En la capital virreinal los eclesiásticos tomaron la iniciativa para redactar una representación para el monarca. Eliminar el fuero eclesiástico era una medida de doble filo pues si bien abría paso a la eliminación física inmediata de los curas rebeldes, corría el riesgo de volverse altamente impopular frente al conjunto del clero. Es probable que esto, entre otras cosas, explique el cuidado y ambigüedad con que se movieron las grandes mayorías.

B.        La gran mayoría neutral

Si las expresiones de simpatía hacia un bando variaron de la adhesión pasiva a la prédica a favor de unos u otros, hasta la iniciativa de tomar las armas, el temor y el desconcierto eran generalizados. De allí que tanto los curas como los habitantes buscaran complacer al poder en turno bajo el argumento de evitar el derramamiento de san­gre. Ésta fue la razón de que muchos pueblos y ciudades estuvieran dispuestos a dar la bien­venida a los ocupantes, fueran insurgentes o realistas, abriendo las puertas de sus templos y catedrales, y aún disponiendo el repique de campanas para festejar su presencia. ¿Simpatía, indecisión, o debilidad? No podemos saberlo o por lo menos, no en todos los casos.

Parece bastante evidente que las poblaciones estaban cansadas del despotismo y seguramente muchos tuvieron la esperanza de algún cambio; pero no todos estaban dispuestos a exponer sus vidas por ello. Esta situación explica en parte las adhesiones que recibieron los insurgentes en varias ciudades que ocuparon por distinto espacio de tiempo: Valladolid, Gua­dalajara, San Luis Potosí, Zacatecas, Monterrey, Oaxaca, y probablemente sucedió lo mismo en poblaciones menos importantes. Veían la ocupación como oportunidad, pero cuando los lugares eran ocupados sucesivamente por unos u otros, cuando se resentían las exacciones y los excesos de la guerra, las poblaciones seguramente perdían el entusiasmo y se sometían con resignación. Esta actitud se reprodujo en buena parte de los territorios que padecieron la guerra, y dificulta captar las verdaderas adhesiones de las mayorías.

La actitud ambigua de los cabildos de las ciudades catedralicias a las que entraron los insurgentes ilustra bien las diversas lealtades de los capitulares. ¿Cómo entender el proceder de los capitulares vallisoletanos cuando vieron que Abad y Queipo abandonaba la ciudad, estuvieron dispuestos a levantar la excomunión a Hidalgo? Los de Oaxaca recibieron y festejaron la ocupación de Morelos. ¿Cómo fue que sostuvieron su gobierno por casi 16 meses? Muchos años después, el antiguo magistral Moreno y Bazo, se jactaba en uno de sus sermones de haber evitado la efusión de sangre de los oaxaqueños al colaborar con los insurgentes. “Nuestro cautiverio fue de privilegio”, comentaba. Y, aunque en aquel marzo de 1817 el canónigo atribuía a la Virgen de la Soledad, protectora de la ciudad, el que no hubiese los estragos que en otras partes, nosotros sabemos que el mérito de haber contenido a los ocupantes, se hallaba en la posibilidad de acuerdos entre los grupos de poder local y los líderes de la insurgencia. Las autoridades realistas lo tenían muy claro e interpretaron el proceder del cabildo como un signo de simpatía y por eso le abrieron causa de infidencia.

Este tipo de “mudanzas” fueron muy frecuentes durante la guerra. La ambigüedad encubría verdaderas simpatías, temores, intereses propios o de las élites de cada localidad. Así, parece que la mayoría de los eclesiásticos optó por una posición neutral.

Tampoco era raro que un elemento activo de la rebelión pasara a ser un prominente aliado de la causa realista y viceversa. El caso de Francisco Severo Maldonado, cura de Mascota en la Audiencia de Guadalajara, creador y editor del primer periódico insurgente, El Despertador Americano, y más tarde editor del Telégrafo de Guadalajara, que es un periódico realista, es tal vez el ejemplo más conspicuo. En las historias de otros relevantes personajes figuran anécdotas que podrían sorprendernos. Mariano Matamoros, cura de Jantetelco, después mano derecha de Morelos, aparentemente estaba escondido detrás de un altar cuando entraron a su parroquia los insurgentes; el padre Cos, del burgo de San Cosme en Zacatecas, había sido enviado por los realistas para espiar a los rebeldes y pronto optó por volverse insurgente.

Tradicionalmente, la historiografía ha interpretado que el alto clero de las catedrales fue hostil a la causa insurgente. Esto es verdad hasta cierto punto. Si miramos a las corporaciones en tanto compromiso con la tradición colegial y como copartícipes del gobierno de los obispos, no cabe duda de que todas las catedrales se mantuvieron como instrumento de la política de las autoridades. Sin embargo, si observamos la conducta de cada uno de los individuos y sus relaciones con las redes de poder local, con las familias y los intereses regionales, tendremos una apreciación distinta. Gran parte de los capitulares habían echado raíces y por lo tanto estaban muy comprometidos con las élites locales. De manera que en determinadas circunstancias tuvieron que hacer verdaderos equilibrios para quedar bien con la jerarquía y con los grupos de poder a los que en gran medida respondían. Cuando Morelos entró a Oaxaca y recibió la adhesión de los criollos adinerados de la ciudad, el cabildo eclesiástico se inclinó favorablemente a su presencia. Cosas muy parecidas sucedieron en Valladolid cuando entraron los insurgentes. Era indispensable tener acuerdos para garantizar la colecta del diezmo en la diócesis, por ejemplo. En el rico obispado de Michoacán, los prebendados, particularmente el padre Tapia y el conde de Sierra Gorda que habían creado sistemas muy eficaces para la recolección, consiguieron que la mitra siguiera funcionando aún cuando la presencia insurgente había dividido a la iglesia michoacana.

En lo individual, podemos señalar a unos cuantos prebendados como francamente decididos a favor de la insurgencia. Este es el caso de José Mariano de San Martín y de Francisco Lorenzo de Velasco. El primero colaboró con Morelos hasta ser designado vicario castrense del ejército insurgente en Chilpancingo y más adelante fue presidente de la Junta Subalterna, último bastión de la institucionalidad revolucionaria, en Jaujilla. Velasco, canónigo de la Colegiata de Guadalupe, por su parte, se unió a la insurgencia desde sus inicios y se convirtió en individuo de la confianza de Morelos. Habrá que señalar, haciendo justicia a Alamán, que Velasco fue hombre de excesos y de escándalos, y abusó de cuanto encargo le confirió el caudillo: bebía, pleiteaba y secuestraba a las muchachas jóvenes. Era reputado como “voltairiano”, situación poco frecuente entre los eclesiásticos mexicanos.

No conocemos de otros canónigos que se decidieran por la insurgencia de manera abierta, pero fueron muchos los que mantuvieron actitudes disimuladas que podrían ser caracterizadas como neutrales o ambiguas. Hubo quien fue cercano a los grupos autonomistas o indirectamente favoreció la oposición al régimen. Tal es el caso de figuras como Alcalá, de la catedral de México, o Michelena de Valladolid. Aún cuando muchos capitulares favorecieron la unión con España, esto no quería decir que fueran unos simples reaccionarios que estuviesen en contra de las reformas. Incluso hubo prelados que tampoco lo estuvieron como Abad y Queipo que reconoció la necesidad de cambios. En la Representación a la Primera Regencia, el obispo de Michoacán planteó la erradicación de los monopolios de la Corona, una mayor participación de los criollos en los altos cargos de la Iglesia y la necesidad de acabar con la extrema desigualdad que prevalecía en la Nueva España. El obispo criollo de Puebla, Manuel del Campillo, buscó dialogar con los insurgentes y, de hecho, ofreció el indulto a los principales dirigentes en el año de 1812, indulto que fue rechazado por voz del presidente de la Junta, Ignacio Rayón. Por supuesto, hubo otros miembros de la jerarquía que fueron rabiosos en contra de la insurgencia, como Bergosa y Jordán, aunque no logró con su actitud beligerante obtener la confirmación en el cargo de arzobispo a la vuelta de Fer­nando vii. Otros como Antonio Joaquín Pérez Martínez, diputado a Cortes y posteriormente obispo de Puebla, no sólo se opusieron ferozmente a la insurgencia, sino que actuaron en contra de los intereses americanos al deslindarse de la posición criolla en Cádiz y conforma­ron el grupo de “los persas” cuando vino la restauración monárquica.

2.         La destacada participación de los curas en la insurgencia

A pesar de que se ha matizado mucho la referencia cuantitativa del clero, de que se han hecho más difusas las fronteras entre los dos grandes bloques que participaron en la contienda, resulta sin embar­go innegable la notable presencia del clero en la insurgencia mexicana. Y ello es relevante no sólo por el número de eclesiásticos comprometidos con la causa, sino por otras razones. Quiero citar aquí sólo un par de ellas. La primera fue la voluntad de autosacrificio de los principales líderes que ofrendaron sus vidas en esa guerra tan tremenda. Me atrevo a decir que esa voluntad no parece haber tenido paralelo en otros lugares de la América hispánica, ni tampoco en las filas del movimiento realista. La segunda es el papel determinante (in­telectual, espiritual y militar) que jugaron los eclesiásticos que estuvieron a la cabeza del movimiento.

Volveré primero al número de eclesiásticos que pertenecieron o apoyaron a la insurgencia. El trabajo de Nancy Farriss establece que hubo alrededor de 7341 miembros del clero secular y regular en 1810. Esta autora ha clasificado los distintos niveles de participación en las categorías de insurgentes, subversivos, conspiradores y guadalupes, y distingue entre oficiales insurgentes, militares y líderes políticos, incluyendo en la suma de estas categorías un total de 401 eclesiásticos, de los cuales 157 eran regulares y 244 seculares. Por su parte, William Taylor señala que en esta participación fue preponderante la de los curas párrocos, y menor la de los curas vicarios, calculando que hubo un cura comprometido con la causa de cada seis o siete curas, en tanto que por cada cuarenta vicarios, sólo había uno participando en la insurgencia como el 10% del total del clero que apoyó de forma abierta, aunque a distinto nivel, a la insurgencia. Es decir, de todos modos son muchos menos que los que Alamán había supuesto, aunque su importancia no radica en el simple valor numérico.

Como he tratado de sugerirlo, una parte de la identificación del clero con el movimiento tiene que ver con la fuerza del propio mito revolucionario; la otra tiene que ver con la visibilidad de los curas en tanto capacidad de liderazgo. La imagen de Miguel Hidalgo, padre de la patria, y la de José María Morelos, Siervo de la Nación, han opacado a muchos otros brillantes dirigentes, de los cuales por lo menos 12 o 15 de los más conocidos, eran sacerdotes. Notoriamente, la gran mayoría de los editores de los periódicos insurgentes, eran eclesiásticos. De su pluma salieron el Despertador Americano, dirigido por Francisco Seve­ro Maldonado, el Ilustrador Nacional en Sultepec, de José María Cos, el Correo Americano del Sur en Oaxaca, de José Manuel de Herrera, la Gaceta del Gobierno Provisional de las Provincias de Occidente en Jaujilla, de José de San Martín. Esto no quiere decir que no hu­biese un grupo importante de abogados que colaboró en esa tarea, como es el caso de Ignacio Rayón, Andrés Quintana Roo y Carlos María Bustamante, sin embargo, la presencia de los curas fue notable. Por eso es que la justificación, el imaginario y valores del levantamiento mucho tuvieron que ver con la religión católica que profesaban aquellos que fueron sus principales promotores y dirigentes.

Aparte de Hidalgo y Morelos, varios curas párrocos se colocaron a la cabeza del mo­vimiento. En el occidente y Michoacán destacan Marcos Castellanos, vicario de la Palma, Ocotlán, en la Nueva Galicia; José María Cos, cura del Burgo de San Cosme en Zacatecas; Miguel Hidalgo y Costilla, cura de Dolores, en la intendencia de Guanajuato; Francisco Severo Maldonado, cura de Mascota en la Nueva Galicia; José María Morelos, cura de Carácuaro en la tierra caliente michoacana; José María Mercado, cura de Ahualulco, Nueva Gali­cia; José Guadalupe Salto, vicario de Tremendo, Michoacán; José Antonio Torres, vicario de Cuitzeo, Michoacán; José Sixto Verduzco cura de Tuzantla, también en Michoacán.

El centro de México, principalmente Puebla y la arquidiócesis, aportó figuras muy relevantes como José Ignacio Couto, cura de San Martín Texmelucan, Puebla; José Manuel de Herrera, cura de Huamoxtitlán, Puebla; José Manuel Correa, cura de Nopala, en la arquidiócesis, Juan Moctezuma Cortés, cura de Zongolica, también en la arquidiócesis. En el sur, los nombres de Mariano Tapia, vicario de Tlapa, en el actual estado de Guerrero, José Maria­no de San Martín, canónigo de Oaxaca, y José Sabino Crespo, cura de Río Hondo, Oaxaca, merecen también ser recogidos.

Algunos de los personajes citados estaban entre los más brillantes teólogos, como Miguel Hidalgo, y las mentes más lúcidas de la insurgencia, como José Manuel de Herrera, José de San Martín y José María Cos. Otros revelaron un genio militar y organizativo in­sospechado, como José María Morelos. Formaron parte de la Junta Nacional Gubernativa creada en la población de Zitácuaro, Morelos y Verduzco; en el Congreso de Chilpancingofueron diputados Morelos, Verduzco, Cos y Herrera. Figuras de extraordinaria reputación, como Couto, Crespo, Maldonado, Mercado y Salto, contrastan con individuos que fueron un verdadero “azote” para las poblaciones y para la insurgencia misma, como el “amo” Torres, en el Bajío, y en el sur el cura Moctezuma y canónigo Velasco.

3.         De los motivos del clero

Es lamentable que en este espacio no pueda yo dedicar un mayor desarrollo al tema de cuáles fueron los motivos para que una buena parte del clero novohispano se volcara a la insurgencia. Más allá de la conveniencia personal o del miedo, como explicación de la participación en uno u otro bando, me interesa destacar lo que algunos autores han fundamentado ampliamente. Se trata de los agravios de los que fueron objeto específicamente los curas y la Iglesia en general. Dos eran los principales soportes de la Iglesia: uno era el fuero eclesiástico, del que ya he hablado, que se concede al clero frente a la jurisdicción civil, que constituyó un privilegio ardientemente defendido; el otro, la riqueza material de la Iglesia sustentada en los diezmos, bienes raíces, obligaciones derivadas de la propiedad, y el capital acumulado a lo largo de los siglos. Ambos fueron atacados por la política borbónica. Esta política fue coronada por el Real Decreto de Consolidación de Vales Reales (1804), que llevó al máximo la exacerbación de los sentimientos de agravio. En virtud de ello, se extrajeron de la Nueva España 10.300.000 pesos entre 1805 y 1809, monto que habla de la gran riqueza de la Iglesia novohispana, y además de la eficiencia y operatividad de las Juntas creadas para remitir estos caudales. La medida afectó particularmente al virreinato causando una fuerte recesión económica.

Como han insistido Nancy Farriss y David Brading, la crisis del privilegio eclesiástico y los ataques a las prerrogativas del clero en la segunda mitad del siglo xviii, habían hecho de la corporación eclesiástica un espacio sensible a las grandes convulsiones del amanecer del nuevo siglo. La intervención de la Corona en el cobro de los diezmos, las amenazas a la in­munidad eclesiástica, la descapitalización de la Iglesia a través de nuevos gravámenes, habían puesto en jaque a una Iglesia que se sentía arrinconada por el regalismo y asediada por los reclamos económicos de la monarquía. Pero la consolidación parece haber llevado al extremo la crispación. El malestar general lo advertían claramente los prelados. La correspondencia del arzobispo Lizana, casi siempre calificado de pusilánime, constituye un buen testimonio para apreciar hasta qué punto había llegado la irritación del clero en la Nueva España.

A los problemas de la Iglesia como corporación se sumaron los problemas sociales e individuales en los que se vieron inmiscuidos muchos. Es decir, los sacerdotes, pero aún los altos grupos de la Iglesia tuvieron más de un motivo para estar descontentos. Sin embargo, cuando el levantamiento de Hidalgo partió a la Nueva España en dos bandos radicalizados, muchos fueron los que tuvieron que callarse y obedecer intentando contener y derrotar por todos los medios a los insurgentes. Y si bien es cierto que la declaración de los insurgentes a favor de sostener los privilegios del clero consiguió atraer la simpatía de muchos ecle­siásticos, fueron también muchos los que aún sintiéndose agraviados por la política de la monarquía, tuvieron que deponer sus críticas para manifestar su adhesión y actuar a favor de las autoridades.

4.         De los argumentos y justificación de los curas insurgentes

No existe un documento único que nos permita conocer acerca de qué pensaban los principales líderes sobre su condición de eclesiásticos y qué deseaban para una Iglesia futura. El que muchos de los actores murieran en el curso de la contienda, no permite que contemos con memorias u otros documentos posteriores para conocer sus intenciones y proyectos, si es que éstos existían. Contamos, sin embargo, con algunos testimonios que son significativos y al ponerlos en relación entre sí, es posible advertir ciertas constantes en las ideas de los principales dirigentes. A nuestro alcance están los procesos de Hidalgo (1811) y de Morelos (1815) que constituyen una fuente para comprender cuáles fueron los motivos por los que se decidieron a tomar las armas, y cuáles las razones que les sirvieron para explicar ante la justicia -Real y eclesiástica, inquisitorial también-, y en última instancia ante la inminencia del juicio divino, porqué se habían levantado en contra de las autoridades y cometido críme­nes de distinta naturaleza. Otros testimonios de gran interés lo constituyen las actas capitu­lares que recogen la actividad de Morelos en la ciudad de Oaxaca, cuando, actuando como vicepatrono, decidió, junto con el cabildo catedral, una serie de asuntos atinentes a la Iglesia insurgente (1812-1813). Complementan ese panorama diversos artículos relacionados con cuestiones eclesiásticas en los periódicos insurgentes y un documento más, conocido como el Reglamento Eclesiástico Mexicano, salido a la luz en la imprenta de Jaujilla a orillas del lago de Pátzcuaro en 1817. A través de esta constelación de textos es posible trazar líneas de continuidad que nos permiten aproximarnos a los lenguajes políticos, argumentos y fuentes intelectuales de los eclesiásticos revolucionarios.

Uno de los grandes temas que figura en el repertorio del discurso eclesiástico a partir de 1808 es el de la defensa de la verdadera religión. La invasión napoleónica de la penínsu­la trajo el riesgo de la presencia de una Francia impía en los dominios españoles y contribuyó a reforzar la necesidad de una nación española y católica. Los sermones y la prédica de 1808 exhortaron a la unidad de la monarquía, la defensa de la patria y la verdadera religión. Pero el advenimiento de la insurrección de Dolores quebró de manera irreparable ese referente, puesto que haciendo gala de símbolos religiosos, puso en el centro de la disputa quién debía ser el garante de la seguridad de esa religión verdadera, tan expuesta ahora a los ultrajes de la revolución francesa.

En esa óptica, las ambigüedades de la actuación de la monarquía española fueron juzgadas con dureza: su colaboración con el francés representaba un extraordinario riesgo, pero sobre todo su alejamiento de la verdadera Iglesia de los orígenes: ¿cómo era posible que el gobierno español se nombrara protector de la Iglesia cuando en realidad disponía con un poder absoluto de las rentas, las personas y los empleos eclesiásticos? Este “papado real” de los españoles había gravado las rentas decimales de las catedrales, había entrado en posesión de los cuatro novenos reales, de las vacantes, las medias anatas y las anualidades, despo­jando aún a las iglesias más pobres para poder mantener los lujos y el poder terrenal en sus dominios. Todo esto estaba alejado de la verdadera religión que llamaba a una piedad inte­rior, rigurosa y modesta. Los argumentos reformistas de la época eran los del advenimiento del orden cristiano antiguo, apoyado en la enseñanza de los sabios y los santos, la tradición, la Sagrada Escritura, y los concilios generales. La revolución política tenía tonos de protesta religiosa y, conforme la guerra avanzaba, iba encontrando cada vez mejores argumentos para acusar las injustificadas prácticas de los obispos que fulminaban excomuniones a los rebeldes y autorizaban a que los comandantes realistas vaciaran las colecturías de diezmos, despojando a las iglesias.

El rompimiento con los obispos de la Nueva España, la imposibilidad de entrar en contacto con el papa y la falta de auxilios espirituales para la tropa y la feligresía, obligó a los insurgentes a instalar desde el comienzo de la insurrección a un vicario castrense que se ocupara de cumplir con la administración de los sacramentos. La práctica no era del todo extraña a las condiciones de guerra de la época y otras situaciones de emergencia en que por incomunicación u otros motivos las poblaciones carecieran de atención espiritual. Diversos eclesiásticos fueron designados para este honroso encargo por los caudillos, sin embargo, los obispos declararon nulos los sacramentos impartidos por estos vicarios, de manera que las parejas que casaron, las comuniones, las misas, quedaron sin efecto por orden de los prelados. Esto motivó que los insurgentes solicitaran a obispos y cabildos en sede vacante la autorización para nombrar un vicario general castrense, sin ningún resultado. Las autori­dades encontraron con esta negativa una vía para reconvenir a los insurgentes y subrayar su condición de exclusión con respecto a la institución católica. El problema debió ser acuciante, pues fueron varias las ocasiones en que se presentó tal solicitud ante distintas autoridades, y la falta de solución colocó a los rebeldes en la necesidad de argumentar a favor de su derecho de reasumir esas facultades.

Algunos de los principales curas insurgentes contaban con un buen respaldo intelectual para poder defender esta idea, ya que además de conocer a los teóricos galicanos como Bossuet, estaban bien familiarizados con los argumentos richerianos, el josefinismo y los debates de Pistoya, razón por la cual podían muy bien sustentar la autonomía de las iglesias con respecto a Roma. Por otra parte, tenían muy claro también el argumento basado en la razón del presbiterio, que consideraba a los presbíteros como fuente de jurisdicción de la Iglesia. En más de una ocasión evocaron a Natal Alexandre y a Van Espen, a quien consideraban un verdadero sabio. Procuraban en sus peticiones dejar en claro que no deseaban acudir a este expediente que los relacionaba con teólogos poco ortodoxos, pero era claro que su pragmatismo político y teológico, jansenizante en el amplio sentido del término, los obligaba a actuar conforme a las prescripciones de estos grandes teóricos que eran todos considerados herejes.

Así pues, estos líderes, curas y teólogos de la insurgencia, disponían de un arsenal de ideas provenientes de influencias galicanas, presbiterianas, richerianas, a veces, se asimilaba a la defensa de la verdadera religión, entendida ésta como fiel al papa, verdadero guía y fuente de la jurisdicción y concesiones eclesiásticas. Ni ultramontanos, ni galicanos, ni partidarios de una Iglesia nacional. No les cabe ninguna de estas etiquetas puesto que la posición insurgente se nutrió de fuentes diversas que logró resignificar en circunstancias específicas.

Claro que estos curas tenían un horizonte cultural y de lecturas que era mucho más vasto de lo que habíamos imaginado. Una buena parte de ellos tenían causas abiertas por la Inquisición que los asociaban con influencias presbiterianas, luteranas e ideas jansenistas, entre otras cosas. Los procesos abiertos a muchos de ellos antes de 1810 (y que no les habían traído mayores consecuencias entonces) no fueron obstáculo para que después de esa fecha emplearan esas ideas y revelaran su buen manejo de las mismas. Como señalé, entre las referencias más frecuentes se encuentran Muratori, Campillo, Fleury, Fénelon, Covarrubias, Bossuet y principalísimamente Jerónimo Feijóo, Van Espen y Natal Alexandre. Como la mayor parte de ellos eran curas párrocos que habían estudiado en los diversos seminarios de la Nueva España, contaban además con una buena formación de la que extrajeron muchos de sus argumentos para justificarse. Poseían una erudición crítica que les permitía emplear con soltura no sólo los textos a los que sus estudios y ministerio obligaban, sino otros que estaban señalados como prohibidos y que por lo visto circulaban por todos lados. No se trataba de contradecir la autoridad papal a la que la mayor parte de sus testimonios concedían un lugar primado, sino que los insurgentes apelaban a la “suprema ley de la necesidad” construyendo argumentos que les permitan solucionar los acuciantes problemas eclesiásticos que confron­taban. Preferían, en muchos casos, volver a las enseñanzas de los padres originales, a San Pablo, San Agustín, Santo Tomás, pero no desdeñaban el empleo de los debates de la época para argumentar a favor de sus intenciones. En ese sentido, su pensamiento resulta extraor­dinariamente rico y complejo.

Dado el carácter extraordinario de las medidas asumidas por los curas insurgentes, la justificación de los motivos que los habían conducido a estas soluciones, tenía que ver con el fundamento último de sus determinaciones. Este motivo, no podía ser otro que la propia causa insurgente. Si los recursos empleados por ellos para rebelarse ante la autoridad y desa­fiarla para levantarse en armas y convocar a los pueblos a seguirlos, para de propia cuenta reasumir la jurisdicción parroquial y tomar a su cargo la impartición de los sacramentos y socorros espirituales habiendo sido expulsados del seno de la Iglesia, eran aceptables, era porque la causa de la insurrección era una causa legítima. La justicia de la causa sobre la que alegaban los curas insurgentes, estaba relacionada desde sus orígenes con el derecho a rebelarse ante el despotismo, a acabar con la tiranía. Como sabemos, quienes habían sumi­nistrado los mejores aportes para el derecho a la insurrección eran los teólogos de la Iglesia como el eximio Francisco Suárez. De menor relieve, pero muy frecuentadas por los curas del la época, también hubo otras fuentes que les sirvieron para argumentar a favor de su participación activa en la guerra. Este era el caso del Itinerario de curas párrocos del obispo de Quito, Alonso de la Peña y Montenegro, que acompañaba casi siempre a los curas en las pequeñas bibliotecas que formaban parte de su patrimonio.

Gracias a estos textos, los curas insurgentes pudieron estar a salvo de sus propias conciencias porque sabían muy bien la manera en que se fulminaban y levantaban las excomuniones por motivos políticos. No ajenos al reformismo crítico de la época, como hemos dicho, y habiendo sido testigos de la deslealtad e imprudencia de los obispos, podían muy bien encontrar argumentos que los tranquilizaran. De manera que, aquella causa, que había tenido desde el comienzo una evidente raíz social, se tornaba política y teológica. Los obis­pos habían incumplido y habían sido ligeros en sus decisiones. Al ser nulas sus censuras y siendo justa la insurrección, no era grave haber faltado al juramento de fidelidad hecho al rey, y tampoco se podía hablar de contumacia o de pecado.

Cabe resaltar que, conforme el proceso avanza, el argumento que depositaba en los curas insurgentes la defensa de la verdadera religión (respecto del yugo de los franceses y el acoso del regalismo borbónico), se recorre hacia la lucha contra el mal gobierno y la tiranía, al tiempo que los alegatos se abren a una reflexión más universal que atañe al humanismo cristiano y a los derechos del hombre. Por eso, los curas insurgentes nunca se sintieron sepa­rados de la comunión de los fieles porque, en el fondo, consideraban que la causa era justa y, no sólo era justa, sino que era santa:

“la guerra actual es justa y santa: ella es el esfuerzo del oprimido, para salir de bajo la pesada mano del opresor: ella es el valeroso brío con que un esclavo procura romper los grillos y las cadenas: ella es el universal reclamo de los derechos del hombre: la sonora voz de millo­nes de americanos que aspiran a su felicidad: y la convulsión de muchos reinos que solicitan su independencia, que detestan el despotismo y tiranía española, que quieren colocarse en el rango de las naciones cultas, dejan de ser pupilos y colonos y presentares a la faz de todo el mundo con esplendor: grandeza y libertad que son dignas de las Américas”.

5.         A manera de conclusión

Con estas líneas, espero haberme acercado a la situación del clero mexicano en la revolución de independencia y a la complejidad intelectual de su pensamiento. La historiografía reciente ha permitido que se discutan muchos temas “tabú” que no habían sido toca­dos, tales como la religiosidad de aquellos que siempre habían sido vistos como liberales, la delicada realidad de una situación de guerra en la que la porosidad de las fronteras entre ambos bloques es mucho mayor de lo que se había supuesto, y el fluir y la apropiación de las ideas resulta mucho más rico y variado.

Respecto a la participación de los curas en la insurgencia, después de lo escrito en este ensayo, me parece que es necesario insistir en que la explicación debe pasar de la cuestión estadística para considerar otros aspectos. Se trata de ahondar en las expresiones sim­bólicas y los discursos, el dramatismo del contexto de la guerra, y el liderazgo de un puñado de curas que, entre otras cosas, dotaron al movimiento de argumentos y de una justificación legítima. Ésta, entre otras razones, pueden ser punto de partida para comprender el porqué de una de las grandes metáforas de nuestra lucha por la independencia.

No quisiera terminar sin hacer un par de aclaraciones. A lo largo del ensayo, me he re­ferido a los argumentos que como eclesiásticos emplearon para defender la causa insurgente y su participación en la misma. Su empleo era comprensible en tanto que eran letrados que ponían en juego los lenguajes disponibles, y el lenguaje religioso o teológico-canónico era el que conocían mejor, además de que era el que tenía mayor legitimidad. Sin embargo, no quisiera dejar de mencionar que los curas insurgentes tuvieron otras motivaciones de las que este trabajo no se ha hecho cargo. Aparte de la cuestión religiosa, los curas rebeldes enarbolaron otras banderas de carácter social y político, cuya articulación con el pensamiento católico será motivo de un estudio distinto.

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